Ley contra la violencia está detenida y el maltrato sigue

En la Unidad de Flagrancia, en Quito, se implementó un área para la atención de víctimas de violencia de género. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

En la Unidad de Flagrancia, en Quito, se implementó un área para la atención de víctimas de violencia de género. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

En la Unidad de Flagrancia, en Quito, se implementó un área para la atención de víctimas de violencia de género. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Sentada en la sala de su casa, Paola comenta que aún no ha reemplazado la puerta de su habitación. Está rota producto de los golpes que recibió del hombre con quien vivió durante ocho años. Esa noche, esa puerta fue la que menos impactos tuvo. Ella se llevó la peor parte y aún no ha sanado.

Pero esa violencia estuvo presente durante el noviazgo y el matrimonio. Comentarios que afectaban a su autoestima, empujones, golpes, disculpas y reconciliaciones se hicieron cotidianos. A esto se conoce como el ciclo de la violencia.

En la primera fase de ese ­círculo, la pareja controla la vida de la mujer. Además, corta sus vínculos familiares y de amistad. Luego sigue una explosión, que incluye insultos y golpes. Finalmente está la llamada ‘luna de miel’, en la que el agresor se disculpa y atribuye su violencia a factores externos como el estrés o el alcohol.

El hombre logra que la mujer se convenza de que es la única persona que “la ama y la protege”, explican los psicólogos clínicos Sebastián Robalino y Erika Rojas, del Hospital del Seguro Social de Quito Sur.

Pese a las constantes agresiones -reconocen- no es fácil salir de ese ciclo. ¿Por qué? El miedo y la dependencia impi­den a la mujer cortar el vínculo. Estas son características que comparten las víctimas.

Paola, nombre protegido, buscó ayuda. Pero familiares de su expareja le respondieron que “él era así y que debía aguantar”. Lo hizo y los golpes e insultos se intensificaron.

Cuando se separó, él la golpeó más, le rompió la clavícula y destrozó las puertas de su departamento. Estuvo 30 días en reposo y aún no supera el miedo. El temblor de sus manos y su voz entrecortada la delatan.

Pese a ello lo denunció, pero la sanción fue mínima: 26 días de prisión. Tiene una boleta de auxilio, pero teme por su vida. Aún no hay un registro de agresores y víctimas, como establece la Ley de Prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, vigente desde enero del presente año.

El año pasado ingresaron 59 853 causas por violencia contra la mujer, dice el Consejo de la Judicatura. Hasta agosto suman ya 39 902. Aunque muchas callan y no denuncian.

Al final, muchos de los casos son considerados contravenciones, por el corto tiempo de recuperación de las heridas infligidas. Siguen las agresiones psicológicas y físicas. El problema está en la falta de preparación de jueces para analizar el ciclo de la violencia, según grupos de mujeres.

Paulina Reyes atiende seis o siete casos de maltrato al día. Es psicóloga y se desempeña como perita en el Complejo Judicial de Quitumbe.

“Baja autoestima que se arrastra desde la infancia o falta de figuras inciden”, añade Reyes mientras fuera de su oficina esperan más víctimas.

Un primer paso para dejar todo atrás, recalca, es denunciar en una unidad judicial. En Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato hay áreas especializadas con equipos formados por psicólogos, médicos legistas y peritos. Atienden las 24 horas.

Esas unidades se implementaron como pide la Ley vigente, según Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio.

Las víctimas deberían acceder a medidas de protección como boletas de auxilio, en una de las 800 tenencias políticas y juntas cantonales de derechos de los municipios.

Pese a ese avance, la funcionaria reconoce que hay falencias en el sistema de justicia. Le preocupa que aún no exista un ente rector del Sistema Nacional para la prevención y erradicación de la violencia.

En la Ley se dio esa función al Ministerio de Justicia. Pero tras su eliminación no se conoce qué entidad asumirá el reto. La Coalición de Mujeres pide que se cree un Viceministerio en Inclusión Económica y Social a cargo de esos temas.

El 23 de septiembre, las secretarías General y Jurídica de la Presidencia y de Senplades debían dar respuestas. Pero un nuevo decreto amplió el plazo hasta el 12 de octubre. Así que la implementación de la norma sigue detenida. Mientras tanto, cada tres días hay un femicidio en el país; el 83% de asesinos es la pareja o expareja.

Fernanda tiene una carrera próspera, al igual que Paola. Empezó una relación con un hombre que no le ha sido fiel. Ella incluso aceptó esa situación, pero no sabe cómo dejar el círculo que incluye reproches, burlas y maltrato físico.

En varias ocasiones ha sentido la necesidad de separarse de ese hombre, pero no lo ha logrado. “Es como una droga, siento dependencia, pese a saber que me puede matar”, anota, y acepta que requiere apoyo psicológico para dejarlo.
En Ecuador hay 29 unidades de violencia y 77 jueces especializados, la mayoría en Guayas y Pichincha. A fines de este año se espera tener 107 y 27 equipos técnicos. “Así el Estado pagaría algo de su deuda con las mujeres”, dice la vocal.

Aragundi repite: “la violencia de género debe tratarse de otra forma. Es como un tsunami”. Y recuerda que en la Ley se habla de prevención y educación. En el mundo, el 25 de noviembre será otro Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el 2017 la Legislatura quiso conmemorarlo con una ley, que casi un año después sigue en el papel.

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