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‘No puede inscribirse pues la ley no prevé el voto de la mujer’

José María Velasco Ibarra hace fila para votar por los candidatos a la Asamblea, en 1943, antes de la caída de Carlos Arroyo del Río. Empezó su segundo mandato el 31 de mayo de 1944. FOTO: archivo EL COMERCIO

José María Velasco Ibarra hace fila para votar por los candidatos a la Asamblea, en 1943, antes de la caída de Carlos Arroyo del Río. Empezó su segundo mandato el 31 de mayo de 1944. FOTO: archivo EL COMERCIO

José María Velasco Ibarra hace fila para votar por los candidatos a la Asamblea, en 1943, antes de la caída de Carlos Arroyo del Río. Empezó su segundo mandato el 31 de mayo de 1944. FOTO: archivo EL COMERCIO

Los derechos de los electores y de los elegibles han pasado de la restricción a la proliferación de movimientos y candidatos. Aquí, un recuento desde el inicio de la República.

Con voz alta y clara la lojana Matilde Hidalgo Navarro leyó a los miembros de la mesa de inscripción -en donde se registraban los ciudadanos para ejercer el voto- el artículo 13 de la Constitución de 1906, vigente a esa fecha, y que decía: “Para ser ciudadano ecuatoriano y ejercer sus derechos se requiere tener 21 años de edad y saber leer y escribir”. A continuación, añadió Matilde: “Soy médica graduada en Cuenca y resido aquí en Machala en donde voy a votar, ejerciendo mi derecho al sufragio…”. Esta fue su respuesta a quien le había señalado que “no podía inscribirse para votar, debido a que en la ley no estaba previsto el voto de la mujer”. Poco después de este suceso, acaecido el 2 de mayo de 1924, el Consejo de Estado resolvió autorizar a Matilde Hidalgo de Prócel “la acción cívica del sufragio”. Tal histórica resolución ocurrió el 9 de junio de 1924.

Para llegar al escenario comentado -de enorme trascendencia en la vida democrática del Ecuador- diversos sucesos ocurrieron desde el mismo momento del nacimiento de la República en 1830, cuya Constitución en lo atinente a los procesos políticos electorales evidenció la restricción de la participación popular -más allá de haberse instituido el voto obligatorio- toda vez que se limitaron las idoneidades para gozar de los derechos de ciudadanía con normas que mandaban, por ejemplo, ser casado o ser mayor de 22 años; tener una propiedad con un valor libre de 300 pesos; saber leer y escribir, con lo cual alrededor de un 85% de la población quedó excluida, en la práctica, de los derechos ciudadanos.

Las prohibiciones advertidas también se extendieron a los elegibles, a quienes se les impuso requisitos como poseer bienes y fortunas elevadas, debido a cuya ocurrencia las condiciones y direccionamientos para que un sector económico y social ejerciera el poder fueron obvias. Estas normas -acompañadas de otros matices- subsistieron en un tramo importante del siglo XlX en medio de la disputa sobre el número de representantes parlamentarios de Quito, Guayaquil y Cuenca, puesto que la cifra de delegados al Congreso no solo que podía modificar la correlación de fuerzas regionales, sino privilegiar de una u otra forma los intereses económicos y sociales de sectores específicos de la Patria.

De otro lado, gran parte del propio siglo XlX, a más de las cuestiones referidas en líneas precedentes, estuvo atravesado por el sistema electoral indirecto -elección de cuerpos colegiados para que seleccionaran a determinados ciudadanos para desempeñar actividades públicas en los distintos espacios del Estado- lo cual instituyó en el Ecuador una auténtica democracia restringida que en el “período garciano” se acrecentó debido a la imposición del requisito de ser católico para tener el derecho a la ciudadanía.

No obstante a todo lo explicado, y como expresión de las contradicciones de ese mismo periodo histórico, el sistema electoral indirecto fue reemplazado por un sistema de elecciones directas, mecanismo que permitió que el Presidente y el Vicepresidente de la República, así como los senadores y los diputados, fueran elegidos mediante el sufragio de la ciudadanía, teniendo en cuenta, además, una representación paritaria en Guayaquil, Quito y Cuenca, asunto fundamental que denotó los acuerdos políticos regionales para que el país no rodara por los vericuetos de la confrontación.

La revolución liberal, luego, abrió paso a una nueva realidad política y económica, así como a la consolidación del Estado; en todo caso, a pesar de este ambiente, en materia electoral apareció una nueva contradicción de nuestra historia toda vez que este período no fue un ciclo de plenas libertades, puesto que en más de una oportunidad los regímenes liberales -atravesados en su interior por diversas fracciones en disputa por el poder- surgieron como consecuencia de prácticas electivas fraudulentas, tanto más que los gobiernos tenían el acometimiento de la organización y proclamación de los resultados electorales.

El control de las votaciones en manos del gobierno se convirtió, en más de una ocasión, en la forma de asirse al poder -maña particularmente perpetrada por el liberalismo plutocrático-. Tal como ocurrió en 1940 cuando Carlos Alberto Arroyo del Río llegó al Gobierno. Precisamente por este antecedente, entre otras razones, se suscitó su caída en mayo de 1944.

Tanto esto es así que en la Constitución de 1945 -y luego en la de 1946- se instituyó la presencia de un organismo rector de las elecciones independiente de las otras funciones del Estado. De esta manera surgió el primer Tribunal Supremo Electoral el 11 de marzo de 1947. En los períodos democráticos la institución ha articulado la vida electoral del país y ha servido aun para salir de las dictaduras -una vez habilitado- como instrumento organizador de las elecciones, las cuales en el último período -en el contexto de favorecer la representatividad- incorporaron el voto facultativo de los analfabetos, de los jóvenes de 16 años hasta 18 años y de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

Pero la democracia eleccionaria en el Ecuador no habría podido funcionar en el siglo XX sin la presencia de los partidos políticos, cuya matriz ideológica estuvo significada inicialmente en las fuerzas del liberalismo, del conservatismo y del socialismo, matrices del pensamiento ideológico que, posteriormente, dieron origen a otras expresiones políticas, que surgieron además como consecuencia de las modificaciones del sistema económico y social interno y externo. A partir de sus ordenaciones doctrinarias se construyó el sistema elector, el mismo que, en estos últimos años, se ha modificado no solamente por la presencia de intereses de núcleos sociales específicos sino por la concurrencia de otros factores, circunstancias todas estas que, en la última década, contribuyeron a la construcción de lo que se denomina el Código de la Democracia.

Lo anterior es uno de los antecedentes para que en el presente proceso electoral hubiesen aparecido alrededor de 85 000 candidatos en representación de dos centenares y medio de expresiones políticas y electorales de carácter nacional y local, lo cual demuestra la substitución de la confrontación ideológica y doctrinaria que, a contrapelo, apresura el paso para que los actores políticos -y en conjunto el país- procuren innovaciones al proceso eleccionario y a sus leyes.

Empero, es evidente que la construcción de la democracia -que no es lo mismo que la realización de las elecciones- sigue siendo una búsqueda constante del bienestar de nuestra sociedad para atender el complejo tramado de tensiones que ocurren a su interior. En esta tarea siempre es de esperar que la democracia, como lo afirmara Rousseau, “vuelva temporal el mando de los hombres y, por el contrario, sea profundamente dependiente del asentimiento del pueblo, a fin de evitar los abusos del poder”.

 *Historiador, escritor y académico.

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