11 de January de 2012 10:31

Difícil posibilidad de indemnización a mujeres con implantes PIP

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El fundador del fabricante de implantes mamarios PIP que protagonizó un escándalo por productos defectuosos, Jean-Cleade Mas, ha repartido su propiedad entres empresas extranjeras y su familia, según el diario "Le Figaro", lo que dificultará que las víctimas reciban una indemnización.

Ante la insolvencia declarada por PIP, a las 2 500 mujeres que denunciaron haber sido víctimas del engaño les resultará difícil recibir una indemnización.

Según el diario, Mas, que admitió haber utilizado un material más económico para su fabricación, repartió sus bienes en empresas de participación extranjeras y transfirió parte a sus familiares. También tiene una villa que está ahora en venta por 1,6 millones de euros.

El diario económico "Les Echos" cree también que será difícil obtener una indemnización, porque el seguro de la empresa ha interpuesto a su vez una demanda por "declaraciones falsas conscientes", ya que algunas víctimas están intentando responsabilizar a los cirujanos plásticos de haber recibiendo información insuficiente.

En todo el mundo se calcula que entre 400 000 y 500 000 mujeres se pusieron implantes de silicona de la firma Poly Implant Prothèse (PIP), cuya comercialización, venta y uso fue prohibida por el gobierno francés en abril de 2010 y en todo el territorio europeo.

La aseguradora nacional de salud francesa Cnam había presentado una demanda por fraude grave ante la fiscalía general de Marsella, esperando obtener una indemnización, al calcular que la retirada de esos implantes en Francia costará hasta 60 millones de euros, contando sólo los implantes para pacientes de cáncer de pecho o víctimas de accidente, y no los de operaciones estéticas.

Se teme una relación entre los implantes y casos de cáncer, pero hasta el momento no se pudo probar.

Alemania, Francia y República Checa pidieron a las mujeres que se retiraran los implantes de esa empresa. Gran parte de los implantes defectuosos se exportaron también a Latinoamérica, donde las afectadas se están organizando en asociaciones de víctimas para participar en el proceso como demandantes.

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