Jueza negó acción de protección presentada contra Jorge Yunda por vulneración de derechos de los animales

La jueza Irma Carrera mientras observa los videos presentados por la defensa del Municipio de Quito. / Edwing Encalada / EL COMERCIO

La jueza Irma Carrera mientras observa los videos presentados por la defensa del Municipio de Quito. / Edwing Encalada / EL COMERCIO

La jueza Irma Carrera mientras observa los videos presentados por la defensa del Municipio de Quito. / Edwing Encalada / EL COMERCIO

Tras una audiencia que duró más de cinco horas, la jueza Irma Carrera negó la acción de protección y de medidas cautelares que interpuso la organización Protección Animal Ecuador (PAE) en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, por una supuesta "vulneración de derechos de los animales".

La audiencia se realizó desde las 10:00 del miércoles 25 de septiembre de 2019 en la sala 204 del Complejo Judicial Sur en Quitumbe. Luis Ávila fue el abogado patrocinador de la causa interpuesta por PAE. Como defensores municipales se presentó un equipo de tres jurisconsultos liderados por Teo Valarezo. En representación de la Procuraduría General del Estado acudió Carola Samaniego.

PAE presentó cerca de 15 videos, que duraban un minuto cada uno, los cuales mostraban las jaulas de los perros en las instalaciones de Urbanimal, en donde se evidenció a cuatro canes que habían muerto.

La defensa municipal presentó reportajes televisivos de los años 2015, 2018 y 2019 sobre las mismas instalaciones. También presentó un informe médico en la cual mencionan que uno de esos perros murió por parvovirus y que llegó en esa condición al centro de atención animal en Calderón.

El argumento principal de la Procuraduría fue demostrar que no se había vulnerado los derechos constitucionales y que se debía declarar improcedente la demanda.

Mientras se desarrollaba la audiencia, en las afueras del Complejo Judicial, un grupo de siete personas protestaba en contra de Urbanimal con consignas como “Urbanimal, infierno animal” y “Justicia para Kiara”. Esta última fue una perra sacrificada el pasado 9 de septiembre del 2019, aduciendo comportamientos agresivos hacia los demás perros del centro.

“El cuidado de los animales no solo es responsabilidad de las autoridades sino también de cada ciudadano y de la comunidad y se debe colaborar para que los animales de compañía estén en mejores condiciones. En mi calidad de jueza constitucional, no se ha determinado la existencia de un derecho constitucional vulnerado, ya que lo que se solicita es la creación de un derecho”, argumentó la jueza a las 14:56, cuando empezó la explicación de su decisión. Añadió que se ampara en el artículo 40 numeral 1, 2 3 y artículo 42 numeral 1, 3 y 5 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, para negar la acción de protección y de medidas cautelares que fue presentada el pasado 30 de agosto de 2019.

La jueza Carrera solicitó, además, que los representantes de Urbanimal realicen un seguimiento de las políticas generadas por la propia institución y se dé cumplimiento estricto a los programas de cuidado animal.

Lorena Bellolio, presidenta de PAE y delegada del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito por el Consejo Consultivo de Animales y Naturaleza, señaló que no le sorprende la decisión de la jueza pero que no se van a rendir tras esta resolución. “Esta acción puede ser el inicio para sentar un precedente histórico. Vamos a apelar y vamos a ir a la Corte Provincial porque no solo se negó la acción de protección, sino los derechos a los animales para ser bien tratados”.

Para Luis Ávila, abogado patrocinador de la acción de protección, los cambios civilizatorios tendrán que esperar. “Lo que nos interesaba era conducir al Estado al debate de que los animales son sujetos de derecho. Ellos siempre se van a ir por los temas formales y que no existen vulneración de derechos porque los animales no son sujetos a derecho. Eso nos permite apelar para llevarlo a la Corte Provincial”.

Ávila tomó como un pequeño triunfo los videos mostrados en la audiencia, para que verifiquen si los animales podrían ser objeto de maltrato en Urbanimal. “No me gustó que la jueza diga que se debe plantear una demanda penal por maltrato animal, porque el proceso es más complicado y se puede enfrentar estos temas desde la política pública”, finalizó.