La sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) en Quito fue intervenida por la Policía Nacional durante la tarde y noche del domingo 19 de junio del 2022.
Fernando Cerón, presidente de la CCE, habló con este Diario sobre las circunstancian en las que han desarrollado los acontecimientos y la respuesta institucional.
Primero un allanamiento y luego una requisición. ¿Puede hacer un breve recuento de los hechos sucedidos el domingo 19 de junio en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana?
A las 08:30 tuvimos un allanamiento por parte de la Fiscalía para investigar una supuesta presencia de armas vinculadas a la manifestación. Revisaron las bodegas, subsuelos, etc. y no se encontró absolutamente nada y la Policía procedió a salir. Posterior a eso, el Ministro del Interior anunció que estaba en camino una requisición de la Casa de la Cultura. Eso convocó a varios artistas que llegaron a defender a la institución. Hubo un acoso policial durante todo el día. A eso de las 18:30 nos trasladamos a la Unidad de Flagrancia a presentar una acción de protección que no pudo ser ingresada porque nos dijeron que no había sistema. A las 19:00 la Policía saltó las verjas traseras de la Casa de la Cultura e ingresó al predio de una manera inconstitucional, ilegítima y arbitraria.
¿Cuándo el personal de la Policía ingresó a las instalaciones de la CCE recibieron alguna notificación por escrito?
El coronel Calle me entregó la orden de requisición firmada por el general Salinas, Comandante General de la Policía. Pero hay un grave problema legal porque está mal sustentado, lo que lo vuelve ilegítimo y arbitrario. Este documento carece de legalidad porque según el reglamento de las requisiciones se debe establecer cuál es la autoridad competente para autorizar la requisición y eso no existe.
¿En este momento, hay elementos de la Policía Nacional ocupando las instalaciones de la CCE?
Desde ayer (domingo 19 de junio) en la noche la Policía se instaló. En horas de la mañana salieron y luego volvieron a ingresar. En este momento el Ágora está absolutamente tomada. Hay varios cientos de servidores públicos de la Policía Nacional al interior del Ágora y en los parqueaderos se están instalando carpas.
¿Cuántas personas trabajan en la CCE y cuál es la situación laboral y operativa de la institución en este momento?
En la CCE trabajamos 180 personas. A estas se suman una cantidad mucho mayor de artistas y gestores que ocupan 17 espacios entregados en convenios de uso. Estos espacios están suspendidos y se ha permitido el ingreso únicamente de los funcionarios de la institución. Estamos trabajando en algunos mecanismos jurídicos para precautelar la seguridad de los funcionarios.
¿Qué se está haciendo para proteger los bienes patrimoniales que custodia la CCE?
Hay que tener claro que la Casa de la Cultura no ha sido entregada a la Policía Nacional. No hemos entregado administrativamente los espacios, no han firmado un acta de recepción de bienes, no han firmado un acta de toma del espacio. La Casa de la Cultura está tomada por la Policía Nacional como un acto de hecho, sin una base legal. No sabemos cómo ingresaron al Ágora y en este momento no podemos ser garantes de los bienes que se encuentran en la CCE. Si alguno de los 7 000 bienes es afectado es absoluta responsabilidad de la Policía Nacional.
¿Qué medidas legales o administrativas se han tomado frente a estas acciones?
Logramos ingresar una acción de medidas cautelares que estaba lista ayer a las 18:30 y que recién se pudo ingresar hoy (lunes 20 de junio) a las 11:30. Ya hay una acción legal por parte de la CCE en contra del Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Ministro de Gobierno y el Comandante General de la Policía. También estamos preparando una acción extraordinaria de protección contra los mismos actores que están afectando la autonomía e independencia de la institución cultural más importante del país.
¿Cuál es la posición de los directores de los demás núcleos provinciales?
Ayer convocamos a una junta plenaria extraordinaria de la CCE y el único ausente fue el representante del Ministerio de Cultura. De manera unánime se resolvió emitir una resolución de respaldo absoluto a la autonomía de la CCE y nuestra posición en contra de la actitud que ha tomado el Estado Ecuatoriano en contra de esta institución cultural. Además, en este momento hay plantones de artistas convocados en las 24 provincias del país, que se desarrollan en diferentes horarios.
¿Ha tenido algún acercamiento con otros organismos como la Corte Constitucional, Asamblea Nacional, Ministerio de Cultura?
El Ministerio de Cultura, en absoluto silencio como suele hacerlo. Es la situación en este instante. Ahora, el equipo jurídico está reunido con la Defensoría del Pueblo para trabajar en algunas acciones legales. Hemos tenido diálogos con instituciones internacionales, buscando el respaldo a la CCE. Hoy en la tarde vamos a ser recibidos en el Pleno de la Asamblea para contar lo que ha sucedido en la CCE.
La policía hizo previamente un pedido para alojar a 400 policías. ¿En caso de que la Policía no hubiera requisado las instalaciones, se habrían destinado como albergue humanitario para las comunidades indígenas?
La CCE ha sido históricamente un espacio de acogimiento de manifestaciones de los pueblos y nacionalidades. Esta tradición tiene que ver con el respeto a la diversidad identitaria y cultural del país. En los últimos días tuvimos una solicitud de la Policía que fue rechazada, porque no podemos permitir que la institución sea tomada para convertirla en un cuartel para la represión. Por otra parte, no hemos tenido ningún tipo de solicitud por parte de ninguna organización social y de manera particular de la Conaie para que la CCE sea habilitada como un espacio de albergue para los pueblos y nacionalidades.
¿En cualquier caso, no se pone en riesgo el acervo patrimonial que alberga la CCE?
Hicimos una revisión de los expedientes de los anteriores préstamos que ha hecho la CCE en estos contextos. No hay antecedentes de daños de bienes patrimoniales y se han garantizado las condiciones de la institución. Los daños de bienes reportados en octubre del 2019 los ejerció la Policía en actos de represión. También hay que señalar que fueron préstamos formales, es decir hubo personas que firmaron actas de responsabilidad. En este momento no tenemos control sobre los bienes que se encuentran en la CCE.
¿Cuál es su posición con respecto a la revuelta en Quito?
Estamos en medio de un paro nacional que ha sido provocado por la compleja situación que atraviesa el país y la ciudadanía. Un paro que se convoca en un contexto en el que hay aumento de precios de todo tipo y además en un contexto histórico de exclusión y marginación de los pueblos y nacionalidades indígenas. Como es evidente no se trata de un levantamiento solo de los pueblos y nacionalidades, sino de un levantamiento nacional conformado por actores de diverso tipo. En ese sentido es un paro que en la medida en que se mantenga dentro de los márgenes del respeto a la ley, que sean movilizaciones pacíficas están garantizadas por la Constitución y el Estado debe garantizar que tengan posibilidades de llevarse adelante.
La Asamblea Nacional tiene previsto tratar en el Pleno el estado de excepción. ¿Qué sucedería con la requisición en caso de que se derogue esta medida?
La requisición quedaría automáticamente anulada y la Policía debería salir de inmediato de las instalaciones de la CCE. Pero es algo que nos preocupa, porque el acto de haber ingresado ya fue ilegal.
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