Recientemente en España, ‘El caso Rocío‘ llamó la atención de un público que sigue sin entender muy bien las causas de su censura. Y las últimas producciones documentales en Ecuador también confirman que a veces los retratos sociales hechos en celuloide no son bien recibidos por la incomodidad que pueden llegar a causar.
En el documental español se ejemplifica un caso de doble censura: ‘El caso Rocío‘, de José Luis Tirado, cuenta la historia de un documental censurado en la España de Franco, ‘Rocío’, de Fernando Ruiz Vergara. Esta película fue secuestrada por la justicia del país ibérico pues retrata la violencia que supuso la Guerra Civil española y luego la represión franquista. Años después de lo sucedido, desde el año pasado Tirado se ha topado con un sinnúmero de dificultades para proyectarlo.
No es el único caso.
‘La muerte de Jaime Roldós‘, de Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, el filme ‘A cielo abierto, derechos minados‘, de Pocho Álvarez son ejemplos de cómo ciertos ángulos retratados de procesos sociales o personajes locales pueden ser material de censura también aquí. En el primer caso, la cadena Supercines -amparada por su derecho de libre contratación- se negó a proyectar la cinta; en el segundo, se logró que el filme sea retirado de Youtube, pues contiene fragmentos de las sabatinas que protagoniza el presidente Rafael Correa; el argumento es que esas imágenes están registradas con derechos de autor.
Sin embargo, a diferencia de otros países de la región, Ecuador no tiene un historial importante de censura en esta materia. En América Latina, encontramos documentales representativos por sus contenidos y también por la censura de la que fueron objeto. Uno de los casos emblemáticos es ‘La batalla de Chile‘, de Patricio Guzmán, que retrata el golpe de Estado contra Salvador Allende. Sin dejar Chile y en un contexto más actual, encontramos a la película ‘Newen Mapuche’, de la directora Elena Varela, como otro atropello contra la libertad de expresión.
No solo por la censura de la que fue víctima el documental, sino porque su directora fue encarcelada, dos años, acusada de participar en actos delictivos, robos y violación de información militar. Es decir, fue condenada con la misma ley antiterrorista con la que se condena a muchos los mapuches de su película. La cineasta fue privada de su libertad en 2008, cuando Chile tenía como presidenta a la socialista Michelle Bachelet; utilizando la misma ley antiterrorista con la que el gobierno de Pinochet acusaba a los socialistas de la época.
En la misma América Latina, para hablar de abusos de instituciones que ejercen poder en la sociedad, otro documental muy ilustrativo es ‘Menino Joel‘ de Max Gannino, que narra la muerte de un niño de diez años en manos de un policía, en Brasil. Por la denuncia que hace, la película fue censurada.
Cuando el documental iba a ser estrenado en el barrio en el que ocurrió el asesinato del menor, la Policía impidió que se proyectara, argumentando que provocaría desobediencia a la autoridad en el sector.
Pero la censura no se da solamente por imposición de entidades privadas y/o públicas. También la promueve la propia sociedad, sobre todo cuando se trata de temas tabú. En el país el rodaje del documental ‘La importancia de llamarse Satya Bicknell Rothon’, de Juliana Khalifé, que relata la lucha de una pareja de lesbianas por inscribir a su hija con los apellidos de ambas, despertó resquemores en ciertos grupos. Sin embargo, el filme encontró apoyo en la empresa privada y el Estado para ser proyectado sin inconvenientes.
El contexto
Pese a la censura que sufrió el trabajo audiovisual más reciente del cineasta ecuatoriano Pocho Álvarez, él ya está trabajando en otro largometraje; en esta ocasión el tema es la vida de Fernando ‘el Conejo’ Velasco, y de su lucha social y académica en Ecuador.