A través de un video publicado en redes sociales, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que el Gobierno permitirá que las organizaciones sociales ocupen las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE).
“El día de hoy vamos a permitir que las organizaciones sociales lideradas por la Conaie se convoquen y reúnan en la Casa de la Cultura, de manera que puedan llevar a cabo su asamblea”, dijo en el video.
Pasadas las 13:00, las personas empezaron a ingresar por el acceso de la avenida 12 de octubre hacia el Ágora de la CCE.
“La presión de la sociedad logró que la Casa de la Cultura se abierta nuevamente. La Policía ha salido de estos espacios, pero todavía no se nos ha entregado administrativamente. Este espacio sigue siendo responsabilidad de la Policía”, dijo Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Resguardo de los bienes patrimoniales
Cerón hizo un recorrido alrededor del predio para mostrar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones. Aseguró que hasta este jueves 23 de junio no se ha constatado ningún tipo de afectación física a las instalaciones.
El directivo explicó que los representantes de los pueblos y nacionalidades habían ocupado el área del Ágora de la CCE, una vez que se permitió el ingreso.
Posteriormente se coordinó una visita a los distintos espacios donde se resguardan las reservas patrimoniales junto con los delegados de las organizaciones indígenas y el personal de seguridad de la institución, con el objetivo de establecer puntos de control en dichas áreas.
Karen Solórzano, directora de museos, explicó que a partir de la requisición se estableció una mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Patrimonio para establecer un protocolo de monitoreo. Como medida de seguridad se han colocado sellos de seguridad en los accesos a las reservas.
“Todos los bienes culturales y patrimoniales se encuentran al interior de las reservas. Los sellos siguen allí y no ha habido alteraciones”, dijo.
La situación jurídica es incierta
Con respecto a la situación jurídica Cerón dijo que “la CCE fue ilegal, ilegítima e inconstitucionalmente requisada por la Policía”. Explicó que no recibió ninguna comunicación oficial y que se enteró por redes sociales sobre la disposición que se dio para permitir el ingreso de las comunidades indígenas.
También aseguró que no puede hacer un acta de entrega y recepción del predio a las organizaciones indígenas por cuanto las instalaciones aún permanecen requisadas por parte de la Policía Nacional, según lo que se establece en el decreto 459.
“La institución aún se encuentra administrativamente bajo control de la Policía. Mientras no termine la requisición sigue siendo responsabilidad de la Policía Nacional y del Comandante General de la Policía, Fausto Salinas, quien dio la orden”, dijo el funcionario en rueda de prensa.
Posterior a la ocupación del Ágora de la CCE, el presidente de la institución remitió una solicitud de respuesta pidiendo que se informe sobre la situación administrativa de las instalaciones.
La apertura de la CCE se da luego de que un juez de tránsito negara las medidas cautelares solicitas y mientras se tramita una acción de protección en las instancias judiciales.
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