Un postulado de la arquitectura dice que el arquitecto debe conversar con su cliente para conocer sus gustos y preferencias antes de levantarle la casa.
En la realidad, esto es una excepción, no la regla, sobre todo cuando se diseñan casas para familias pobres. En los programas habitacionales populares, los necesitados no forman parte de la discusión.
Una prospección por los arrabales citadinos, donde se ubica la mayoría de la gente sin recursos, muestra lo contrario: que la gente sabe lo que quiere.
Quienes habitan en las periferias marginales, por ejemplo, no conciben su casa sin la chacra adjunta, de la cual extraen parte de su canasta familiar.
¿Cuáles conjuntos de vivienda social considera esta variable en sus proyectos? ¿Por qué no se generan más mecanismos de participación y espacios de intercambio, para conocer las verdaderas necesidades y deseos de esas personas?
Otro factor que opera en contra de los que menos tienen: los proyectos, generalmente, son esfuerzos individuales; de un solo promotor, de una única institución. Y eso les resta eficacia y productividad.
Desde hace ocho meses, Empresa Pública de Vivienda tiene clara esa película y ha planificado la dotación de vivienda popular -de hasta USD
70 000- buscando alianzas con los constructores privados, los municipios y la propia población.
Eso es lo que busca hacer con los municipios de Limón Indanza y Sucúa (Morona Santiago) y Santa Rosa y El Guabo (El Oro).
Otra de las puntas de lanza de su programa es la normalización de los asentamientos y barrios ilegales; algo vital para el desarrollo planificado de las ciudades.
Ojalá los objetivos de la EPV tengan éxito y ayuden a mejorar el hábitat de esos colectivos y, en general, de todos los ecuatorianos.