Cerca de 15 000 unidades de material explosivo tipo pirotecnia fueron decomisadas la tarde de hoy, 29 de diciembre del 2015, en el centro de Quito. El operativo de control se realizó a las 14:30. La idea fue identificar la venta clandestina de este tipo de insumos en locales comerciales de centros populares.
Al medio día de ayer, en los exteriores del Casino del Sol, a un costado del hotel Sheraton de Guayaquil, 35 personas acudieron para conocer el monto de la liquidación que les corresponde. La información dejó inconformidad y enojo.
Los bingos que funcionaban legalmente en Guayaquil fueron las primeras salas de juegos de azar en cerrar sus puertas, cumpliendo el decreto que determinó que dejen de funcionar el 16 de marzo.
Son las 20:00 del viernes y en el lobby del hotel Mercury, ubicado en pleno centro norte de Quito, hay mucho movimiento. Gran cantidad de gente avanza apurada al casino Montecarlo, a pocos pasos del sitio. Todos, incluida yo, queremos vivir la última noche de estos negocios en el país. Al fin y al cabo, no todos los días desaparece toda una industria de los juegos de azar.
Los siete casinos que funcionaban legalmente en Guayaquil, cinco de ellos ubicados en o cerca de hoteles, no esperaron hasta las últimas horas del viernes pasado para cerrar sus puertas. Eso, pese a que la Asociación de Casinos y Bingos (Ascabi) aseguró que trabajarían “hasta el último minuto”. Los locales de juegos de azar fueron cerrando progresivamente, pero no esperaron hasta la medianoche del viernes pasado, como lo permitía el Decreto 873, publicado el pasado septiembre y que daba seis meses de plazo para el cese de actividades. Los siete casinos de Guayaquil daban empleo a unas 800 personas, según Ascabi. Esto, de un total de 3 367 empleados en todo el país. Según el representante legal de los casinos, Jaime Roura, la mayoría de los empleados despedidos no accedieron al programa gubernamental Socio Empleo. Roura manifestó que a los empleados no se les brindó suficiente información del plan de empleo. Lo cree también Antonio Castro, guardia de un casino ubicado dentro de un hotel
Seis meses han pasado desde el cierre de las salas de juego ilegales en el país y la desesperación invade a los ex empleados, que no han podido conseguir un nuevo trabajo.
El pasado 7 de mayo un total de 3,9 millones de ciudadanos votaron a favor de que dejen de operar a escala nacional los negocios dedicados a los juegos de azar. Esta “decisión popular”, según el Gobierno, es la base para poder proceder al cierre de los casinos. Y, cuando se planteó la pregunta sobre la prohibición del juego, se indicó que esta actividad es perjudicial para los ciudadanos. Sin embargo, la intención de dar por terminada la operación de estos establecimientos empezó a mediados de junio del 2010, cuando el presidente Rafael Correa señaló que el país debería estar libre de los juegos de azar. A esto se sumó la aparición de numerosas salas de juego ilegales en la última década, que durante este Gobierno fueron clausuradas e incautadas sus máquinas. Una de estas compañías, Invermun, fue vinculada en un caso de corrupción por supuestas coimas a funcionarios gubernamentales para favorecer sus operaciones. En medio de estas irregularidades, más la postura presidencial, se puso a
Decenas de jugadores de casinos quemaron sus cartuchos, en el último día de apertura del salón de juegos del Hotel Crown Plaza, de la Naciones Unidas y Shyris.
Las 8 000 máquinas tragamonedas que están bajo la supervisión del Ministerio de Relaciones Laborales serán subastada en tres semanas.
Estas garantizarán parte del pago en liquidaciones e indemnizaciones de quienes perderán su empleo con el cierre de salas de juego y casinos ilegales. Los empleadores que quieran recuperarlas deberán pagar su deuda.