Seis meses han pasado desde el cierre de las salas de juego ilegales en el país y la desesperación invade a los ex empleados, que no han podido conseguir un nuevo trabajo.
El pasado 9 de septiembre, el presidente Rafael Correa emitió el Decreto Ejecutivo 873, a través del cual determinó el cierre inmediato de los negocios dedicado a los juegos de azar que no funcionaban en hoteles de lujo y no contaban con su respectivo registro en el Ministerio de Turismo.
En estos establecimientos laboran, según el Gobierno, 3 378 personas. Algunas siguieron en sus puestos hasta octubre, básicamente las que trabajaban en las áreas administrativas.
Eso pasó, por ejemplo, en la empresa Viña Carolina, propietaria de alrededor de 20 salas de juego ubicadas en las provincias de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos y Tungurahua.
“No nos dijeron que la firma estaba en liquidación y seguíamos ahí. Me quedé sin trabajo en octubre y desde ese momento he intentado conseguir empleo y no he podido”, dice con preocupación Anita Montesdeoca, quien era jefa de Marketing de la firma.
La ex empleada, que está divorciada, debe mantener sola a sus tres hijos que aún estudian. Al no tener recursos para hacerlo recibe el apoyo de su hermana. Ella le ayudó a pagar un préstamo y colabora también en los gastos escolares, así como en los del hogar.
Su salvación, mientras consigue un trabajo, sería su liquidación. Por cinco años de labor calcula que recibiría unos USD 12 000. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido ningún dinero.
El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, reconoce que Viña Carolina y Profeseries (también dedicada a las salas de juego) todavía no han cancelado los valores por indemnizaciones.
La solución será la venta de las máquinas tragamonedas incautadas de las empresas (unas 350 en el caso de Viña Carolina). Este proceso, según Espinosa, ya se inició y algunos de los equipos ya han sido exportados a Colombia.
[[OBJECT]]
Los ex empleados dudan que se vaya a concretar el pago. En repetidas ocasiones han mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales en las que les indicaban que el día del pago estaba cerca, pero hasta ahora no se concreta.
También les molesta el hecho de que como parte de la reconversión laboral se haya ofrecido cursos de capacitación que, según dijeron, no tienen relación con las actividades que realizaban antes.
“Hay talleres para guardias de seguridad, meseros, cajeros, etc.”, señaló Luis Pérez (nombre protegido), quien laboró en el área administrativa de Viña Carolina por alrededor de cinco años.
Él tampoco halla trabajo y no ha recibido su liquidación. Asegura que le hacen falta los USD 1 000 que ganaba al mes y que le ayudaban a solventar sus gastos. De ahí que solicita al Gobierno que se tomen acciones para que le paguen su dinero y para colocar a los ex empleados en nuevos trabajos .
Datos del Ministerio de Relaciones Laborales muestran que 400 personas ya han sido insertadas en nuevas empresas. De ellos, el titular de la Cartera de Estado, aseguró que la mitad ha recibido capacitación y la otra no porque ya lograron colocarse.
Eduardo Mugliza, quien trabajó seis años revisando los ingresos y egresos de las máquinas de Viña Carolina, trabaja en un ‘cibercafé’ y gana el básico (USD 292). Eso representa menos de la mitad de lo que recibía en la empresa dedicada a los juegos de azar.
“El trabajo lo conseguí solo, no con ayuda del Gobierno. Tengo deudas bancarias y, además, ayudo a mi hermana y a mi sobrino en sus gastos. El niño, que tiene 14 años, posee una discapacidad”.
Él y otros ex empleados exigen del Gobierno o de los representantes de las salas de juego, una respuesta. De no hacerlo analizan tomar acciones.
[[OBJECT]]