El pasado 7 de mayo un total de 3,9 millones de ciudadanos votaron a favor de que dejen de operar a escala nacional los negocios dedicados a los juegos de azar.
Esta “decisión popular”, según el Gobierno, es la base para poder proceder al cierre de los casinos. Y, cuando se planteó la pregunta sobre la prohibición del juego, se indicó que esta actividad es perjudicial para los ciudadanos.
Sin embargo, la intención de dar por terminada la operación de estos establecimientos empezó a mediados de junio del 2010, cuando el presidente Rafael Correa señaló que el país debería estar libre de los juegos de azar.
A esto se sumó la aparición de numerosas salas de juego ilegales en la última década, que durante este Gobierno fueron clausuradas e incautadas sus máquinas.
Una de estas compañías, Invermun, fue vinculada en un caso de corrupción por supuestas coimas a funcionarios gubernamentales para favorecer sus operaciones.
En medio de estas irregularidades, más la postura presidencial, se puso a los casinos legales “en un mismo saco”. Así lo señaló Fausto Flores, titular de la Asociación de Casinos del Ecuador. En ello lo respaldan representantes de los hoteles de lujo ubicados en distintas ciudades del país.