La sentencia de la Corte Constitucional (CC) se emitió en julio del año pasado. Desde entonces, el Consejo de la Judicatura ya no pudo iniciar acciones disciplinarias contra jueces, fiscales y defensores públicos que cometan negligencia, dolo o error inexcusable (aplicación errónea de la ley), sin antes contar con la orden de un juez superior al funcionario denunciado.