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En 6 meses, jueces conocieron 117 casos en contra de magistrados que cometieron tres infracciones

El 24 de agosto, la Judicatura cuestionó la sentencia de la Corte Constitucional. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El 24 de agosto, la Judicatura cuestionó la sentencia de la Corte Constitucional. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El 24 de agosto, la Judicatura cuestionó la sentencia de la Corte Constitucional. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La sentencia de la Corte Constitucional (CC) se emitió en julio del año pasado. Desde entonces, el Consejo de la Judicatura ya no pudo iniciar acciones disciplinarias contra jueces, fiscales y defensores públicos que cometan negligencia, dolo o error inexcusable (aplicación errónea de la ley), sin antes contar con la orden de un juez superior al funcionario denunciado.

Seis meses después de esa resolución se conocen nuevos datos. Los jueces que laboran en cortes provinciales o Corte Nacional han conocido 117 denuncias en contra de magistrados que cometieron esas tres infracciones en su trabajo a escala nacional.

Estas quejas se registraron desde agosto del 2020 hasta el pasado 26 de enero.

Sin embargo, 92 de esas denuncias aún no han sido resueltas por los jueces superiores. Esto ocurre principalmente en Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Los Ríos y El Oro.

Este Diario conoció casos de personas que aseguraron ser víctimas de malas actuaciones de funcionarios judiciales. Por eso, a través de sus abogados, presentaron las quejas. Los afectados llevan meses en espera de que los magistrados se pronuncien para que la Judicatura pueda sancionar.

Por ejemplo, el 17 de agosto pasado, un juez penal de Quito fue denunciado por negligencia luego de que no dictara prisión preventiva a un hombre acusado de robar una moto. Según la víctima, han pasado cinco meses y aún no se autoriza que la Judicatura inicie un proceso disciplinario.

Otro caso ocurrió con una jueza de Guayaquil que tampoco dictó arresto contra un sospechoso de estafar a una mujer que compró una laptop a través de Internet. El procesado hoy está prófugo. Por eso, el pasado 10 de noviembre, la abogada de la afectada denunció el caso en la Corte del Guayas. No hay pronunciamiento.

María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, advierte que esperar a una resolución judicial para poder aplicar una sanción puede provocar que procesos disciplinarios “queden en la impunidad”, pues el plazo para emitir una sanción es de un año. Luego de este tiempo, la causa prescribe. Así lo indica el artículo 106 del Código de la Función Judicial.

La denuncia por negligencia contra otro juez de Guayaquil lleva ya cinco meses sin resolverse. En agosto pasado, un fiscal presentó esa queja luego de que el magistrado se negara a ordenar como ‘acto urgente’ la recepción de un testimonio anticipado dentro de la investigación de un asesinato.

Según datos de la Judicatura, hasta ahora los jueces superiores solo han logrado resolver 25 de las 117 denuncias. En 22 casos declararon que los funcionarios judiciales no cometieron negligencia, dolo o error inexcusable y archivaron las causas. En cambio, en tres quejas determinaron que sí existió una infracción y dispusieron el inicio de un proceso disciplinario.

Maldonado sostiene que este fallo de la CC “limitó el inicio de los procedimientos administrativos y eso ha afectado el derecho de los ciudadanos”.

En cambio, ese organismo asegura que la sentencia “no priva al Consejo de la Judicatura de su facultad sancionadora”. El CC aclaró que esa resolución es “indispensable para fortalecer la independencia de jueces, fiscales y defensores”.

Otro de los aspectos que preocupa a la Judicatura es que se archiven cerca de 3 000 acciones disciplinarias que estaban en trámite antes del fallo de la CC. Hoy, cada denunciante debe obtener la resolución judicial previa que establezca que el funcionario sí había cometido una infracción.

Solo así la Judicatura podrá seguir con el proceso, de lo contrario, el caso se cerrará.

Por ejemplo, en octubre del 2019 se registró un delito de estafa en Esmeraldas. Al fiscal del caso se le abrió una acción disciplinaria luego de que solicitara a un juez el archivo de la causa. Sin embargo, ese pedido lo hizo antes de que se cumpliera el año de plazo que otorga el Código Penal para investigar y recopilar evidencias en este tipo de ilícitos. Este caso lo tramitaba la Judicatura hasta que salió el fallo del CC.

Ahora depende de Corte de Esmeraldas.