No quiso vacunarse por temor a los efectos secundari…
Podcast: Entérese con EL COMERCIO, 24 de julio del 2021
Un plato de papas cocinadas con queso espera a Richa…
Carlos Pólit dice que hubo presiones de José Serrano…
1 300 policías incursionaron en la cárcel de Cotopax…
Celebración por el triunfo de Richard Carapaz, en la…
Los exteriores de la Penitenciaría del Litoral de Gu…
Presidente Lasso habló con Richard Carapaz tras obte…

La coberturade prensa en la frontera norteha sido mínima

Homenaje a nuestros compañeros :: EL COMERCIO

Historia Visual
A un año del secuestro

La cobertura de prensa en la frontera norte ha sido mínima

26/03/2019

Los medios nacionales dejaron de enviar
equipos desde Quito; su cobertura
se realiza desde Esmeraldas. A Mataje
solo es posible llegar en un convoy con
militares o policías; pocos lo han hecho.

Un plástico verde oliva y blanco, sin código numérico ni firma de responsabilidad, fue entregado a periodistas por el Ministerio del Interior, días después del secuestro del equipo de EL COMERCIO en marzo del 2018, como único documento habilitante para
coberturas de prensa en San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la frontera norte de Ecuador.

La credencial, por la cual los periodistas entregaron información privada con nombres y foto (datos de un contacto personal, información de salud, medicamentos…) no activó ninguna cartilla ni protocolo, como había ofrecido el entonces ministro César
Navas, para garantizar seguridad. El trabajo de la prensa no tiene restricción en San Lorenzo, en el norte de Esmeraldas. Pero desde la confirmación en abril de la muerte del equipo de EL COMERCIO, los viajes de periodistas desde Quito
y Esmeraldas se redujeron un 90%, por los riesgos. La cobertura de temas sociales, políticos, de seguridad fue tomada por los corresponsales de medios nacionales asentados en la ciudad de Esmeraldas.

Desde San Lorenzo, reporteros han viajado en lancha hasta Palma Real. Pero el acceso a Mataje, parroquia donde se produjo el secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, se restringió después del 26 de marzo del 2018. Solo 18 periodistas,
entre corresponsales y equipos enviados desde Quito, llegaron a esa localidad en un año. Para ello, debieron coordinar directamente con altos oficiales. Sus desplazamientos a Mataje se realizaron en convoy, con patrullas de la Policía
o de las FF.AA. Los uniformados, cuando han permitido que los periodistas desciendan de los vehículos, han sido testigos de las entrevistas con pobladores. En un año, solo cuatro veces equipos de prensa pudieron caminar por las calles
de Mataje; uno fue el de EL COMERCIO, el 11 de octubre.

Otros equipos que pudieron interactuar con la población llegaron el 15 de diciembre a un agasajo navideño para los niños, organizado por la Fuerza de Tarea. Pero la mayoría de periodistas solo hizo un breve recorrido de observación, desde el interior
de un vehículo, antes de regresar a la vía asfaltada que lleva a San Lorenzo, un recorrido de 25 kilómetros. En esa vía, el puesto militar que a las 09:30 del 26 de marzo del 2018 autorizó pasar la camioneta que trasladaba a Javier, a
Paúl y a Efraín, impide ahora que civiles ajenos a la población accedan a la parroquia o al puente limítrofe con Colombia, un proyecto vial que costó USD 12 934 738.

Para Demecio Molina, presidente de la Asociación Provincial de Derechos Humanos, esta es una reducción mínima, “si se toma en cuenta el fuerte despliegue de fuerzas públicas”, que mantuvieron la seguridad en la zona, por ejemplo, durante tres estados
de excepción decretados a raíz del incremento de la violencia. El primero fue declarado el 27 de enero, el segundo el 29 de marzo y el último el 28 de abril. Antes del estallido del coche bomba (27 de enero del 2018), San Lorenzo reportaba
muertes violentas especialmente en zonas cercanas a Colombia.