Walter Spurrier

Volvernos país serio

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Martes 02 de octubre 2018

El presidente Moreno se ha puesto una ambiciosa meta, ingresar al OCDE, organismo élite, al que sólo han accedido México y Chile en Latinoamérica, aunque Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú están comprometidos a seguir sus lineamientos respecto a inversiones.

El trasfondo es la necesidad de atraer inversiones y mejorar las condiciones de los créditos externos. Se dio un importante paso, la Ley de Fomento Productivo, pero no es suficiente. El país debe hacerse una reputación de país serio, que nunca la ha tenido, y que se deterioró severamente durante el gobierno anterior, con los contratos a dedo y la intervención desembozada en la justicia.

A cargo de esta tarea está el Secretario General de la Presidencia, Eduardo Jurado, quien en la vida privada es un exitoso empresario, y por naturaleza positivo y optimista. Conocedor que hay que hacer avances tanto en realidades como en percepciones, Jurado utiliza como herramienta los estudios comparativos de las percepciones de funcionarios de multinacionales. Lo primero que hay que mejorar es ahí donde nos ven peor.

En el ranking del Banco Mundial, Ecuador califica entre los peores del mundo en independencia de la justicia. Se está reestructurando la función judicial. El Presidente Moreno cada vez que corresponde, indica que no interfiere en materia judicial. El objetivo es cortes más profesionales e independientes.

Lo tributario encabeza las preocupaciones del Foro Económico Mundial, tanto por carga tributaria como por regulaciones. Para las empresas, el 15% de participación laboral es un impuesto. El impuesto a la salida de divisas dificulta el flujo de capitales, muy importante en una economía dolarizada. Jurado está consciente que ese impuesto tiene que irse, pero el enorme déficit fiscal lo dificulta. Ya el anticipo del impuesto a la renta dejó de ser un impuesto mínimo.

Sigue la inflexibilidad laboral: Ecuador tiene una de las políticas más rígidas del mundo. Un embajador en Quito contaba que cuando tuvo que despedir a un empleado nacional de alto rango, la liquidación alcanzó seis dígitos, y debió pedir un suplemento presupuestario importante a su Cancillería. Inaudito. Pero en esto el gobierno no parece propenso a reformas. En la crisis, las empresas reducen sus gastos laborales vía la no contratación.

La corrupción también preocupa; el gobierno ha iniciado varias iniciativas para combatirla.
La engorrosa tramitología es otro tema, y aquí el Secretario Jurado y el Ministro Pablo Campana aúnan esfuerzos. Si se simplifican las normas tributarias y aduaneras, se facilita el cierre de compañías, y se reduce el volumen de información que las empresas tienen que mandar a los distintos entes públicos, los costos de las empresas bajarán, y ganarán competitividad.