Pablo Ortiz García

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Viernes 13 de enero 2012
13 de January de 2012 00:01

Quito se caracterizó por contar con buenos alcaldes, dispuestos a superar cualquier barrera que impedía el desarrollo de la ciudad. La capital era limpia, con calles pavimentadas y sin tanta agresividad en sus habitantes. Ahora es una ciudad sin obras, en la que los impuestos arrecian.

El país contaba con una Ley de Régimen Municipal que facultaba a los burgomaestres a actualizar los catastros cada cinco años. Ahora, la revolución ciudadana enquistada en el Cabildo capitalino, cuenta con un Código Orgánico de Organización Territorial (expedido por Correa y su troupe), que le faculta realizar “en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros, y de la valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio”.

Los alcaldes anteriores no crearon barreras atentatorias al buen vivir en la capital, nunca sobrevaloraron los terrenos, casas y departamentos, para no convertir al municipio en traficante de tierras. Obtenían los ingresos para ejecutar obras, y la capital ecuatoriana era considerada entre las ciudades bonitas de América.

El Concejo Metropolitano de Quito en poder de una mayoría gobiernista, en diciembre del año pasado expidió la Ordenanza 153, por medio de la cual se fija el impuesto a los predios urbanos para el bienio 2012 y 2013. Es decir, en un par de años el tributo se incrementará por así disponerlo la ley expedida por Correa, y los propietarios de inmuebles, conseguiremos dinero para que las autoridades municipales lo destinen a cancelar sueldos de una burocracia lenta y mal educada, cuyo poder y sabiduría para maltratar a los usuarios se encuentra detrás de un escritorio o ventanilla desde donde atiende.

La Ordenanza permite al Concejo Municipal incrementar los avalúos en 10 por ciento para aquellas construcciones cuyo valor llegue hasta USD 20 000, o en el 20 por ciento para las propiedades de hasta USD 40 000. Si el predio está avaluado (obviamente por los eficientes funcionarios municipales) en USD 80 000, el aumento será de hasta el 30 por ciento. La tabla llega a prever una subida de hasta el 450 por ciento. Reconozco que se establece la posibilidad de reducir hasta el 50 por ciento del valor del impuesto “con el fin de estimular el desarrollo social, productivo y las buenas prácticas ambientales... para cuyo efecto se emitirá el reglamento correspondiente”.

Hoy se embolsican los tributos, pero la posibilidad de pagar menos de impuesto predial, es una alternativa futura e incierta, ya que el reglamento no ha sido expedido. Además, serán pocos los beneficiados con este hipotético descuento.

Como mi casa está avaluada por los municipales a un precio superior al de mercado, la pongo en venta. Si me la compra el Municipio, ofrezco una rebaja de hasta el 20 por ciento, así se benefician comprador y vendedor.