Transición larga y complicada

El proceso de institucionalización del país luego del imperio del autoritarismo y la arbitrariedad ha ido avanzando con las medidas tomadas por el Consejo de Participación transitorio. Eso ha llevado a varias personas a pensar que estamos en una etapa de transición a la legalidad perdida. Tal parece que es cuestión de avanzar en la “descorreización” para que, en dos años, es decir hasta el fin del período presidencial, se vuelva al régimen de derecho pleno. Esto merece algunas observaciones.

En primer lugar, hay que decirlo con fuerza, pensar en “volver” al pasado no es alternativa para el Ecuador. Antes de Correa, el sistema jurídico político ya estaba viciado (había manipulación política de la justicia). Debemos, pues, aspirar a que la institucionalización nos lleve a un sistema más democrático.

En segundo lugar, pensar que la “transición” es un puro ejercicio jurídico e institucional constituye un grave error. El tránsito o camino a la seguridad jurídica podrá avanzar y consolidarse, solo si se supera la situación de crisis que vivimos. Dicho de otra manera, mientras haya recesión en el país habrá inestabilidad y con ello no se llegará a una situación de firme y permanente vigencia de las instituciones.

No se puede pensar, en consecuencia, que, en uno o dos años, incluso si se llega a una reforma radical de la Constitución y del sistema legal tramposo, se logrará la estabilidad deseada si no mejora la economía, no solo como saneamiento fiscal, sino como beneficio del conjunto de la población. No hay, pues, una “transición” que terminará con el fin de este gobierno y el advenimiento de otro en 2021.

Si de “transición” hablamos, sepamos que va a durar tanto como la crisis. En la historia, las crisis han sido difíciles de vencer y a veces han durado décadas. La “crisis cacaotera” duró desde los años veinte al fin de los cuarenta. Entonces el país sufrió más inestabilidad política que nunca, con más de diez gobiernos, inclusive dictaduras y regímenes constitucionales abusivos y autoritarios como el de Arroyo del Río.

La crisis del banano se extendió de 1960 a 1970, con golpes y dictaduras. Y la última crisis fue desde inicios de los ochenta hasta los primeros años del siglo XXI, con vigencia constitucional, pero con creciente inestabilidad.

Aún los intelectuales y expertos vinculados a los grupos económicos advierten que, aunque el gobierno aplicara todas las medidas que sugieren los empresarios o el Fondo Monetario Internacional, la crisis no se superará de inmediato. El despido masivo de empleados, por ejemplo, no bajaría el gasto público por las indemnizaciones que deben pagarse, y profundizaría la recesión por el desempleo provocado. El empleo prometido a cambio de las ventajas otorgadas a los dueños del capital, por otra parte, no se lo ve venir.

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