Poco interesan las parroquias, los cantones y las provincias. El verdadero objetivo es la lid presidencial y la legislativa del 2021. En tal sentido las elecciones regionales del próximo año son un fiel retrato de la desteñida vida política y cívica del Ecuador. No hay partidos y los movimientos ocasionales solo son útiles para los periodos electorales y para ellos el horizonte se copa con un escalón burocrático o político en los consejos, alcaldías y prefecturas. Para colmo de esta opereta, la ciudadanía está obligada votar y carece de la contundencia cívica para expresarse en un voto rechazo, protesta o una abstención programada.
En las principales ciudades o provincias del país la situación se agrava pues ya no es posible recurrir al subterfugio del continuismo, pues algunos de sus alcaldes y prefectos no podrán reelegirse y, a pesar del aviso del desahucio no han tenido tiempo, en sus arduas tareas, para preparar equipos adecuados de sustitución para que, de lograr el triunfo, su gestión no se convierta en un desfase respecto a la anterior. Los ciudadanos al salir del rito obligatorio y penitente de las urnas solo esperan que los servicios mejoren, que las promesas concluyan en la tarima y que las obras continúen sin contratos complementarios.
Este desorden institucional se acrecienta cuando no existe una auditoría ciudadana que evalúe la marcha de las administraciones seccionales.
Se percibe que para los gremios productivos de las ciudades los servicios municipales o provinciales no merecen reparos ni exigencias, mientras no suban la carga predial ni cualquier otro impuesto o tasa que afecte a sus afilados.
En el caso de las dos principales ciudades del país la competencia electoral, por los prolegómenos, tiende a desarrollar los perfiles de una telenovela con dosis de humor caústico.
En Guayaquil y Guayas está por concretarse una extraña competencia donde los protagonistas no son los sucesores sino los antecesores. Por su parte en Quito, se busca candidatos a los principales cargos en la sección de avisos clasificados.
Debe añadirse al diagnóstico de los intereses cantonales y provinciales de esta época, un extraño capítulo que ha pasado desapercibido y es los distritos electorales impuestos en Guayas, Manabí y Pichincha. Este sistema implica una desigualdad de los ciudadanos en esas latitudes respecto a los de otras urbes donde no rige tal disposición. Debe existir alguna explicación filosófica que responda porqué los ciudadanos de un distrito no puedan votar por la totalidad de los candidatos cuando los cargos son 14 0 15 y solo pueden hacerlo por cuatro o cinco; más aún, si a esta trampa de los distritos se añaden las virtudes del Método D’ Hondt. Sin duda el “correato” fue creativo y la oposición no se dio cuenta hasta que el gobierno “de la década “logró una asamblea de 100 diputados. Los unos saben de química electoral, los otros no pasan de las reglas básicas de la aritmética.