Con las actitudes y decisiones que toma la mayoría de dirigentes, asambleístas y organizaciones políticas, se confirma que el sistema político en el país está corrompido, no da más y necesita cambios urgentes. El país está secuestrado, bloqueado y chantajeado por políticos y asambleístas (nuevos y viejos), que anteponen sus intereses personales, de grupo y de sus jefes, pero públicamente manejan un discurso demagógico. Argumentan que se quiere privatizar el agua, la seguridad social, que expresamente está prohibido por la Constitución. Engañan cuando evaden y condicionan sus votos a pretexto de dar “gobernabilidad”.
Este discurso repiten dirigentes sociales, sindicales, los radicales del sector indígena y los correístas de Pachacutik. Viejos discursos del siglo pasado que repiten para mantenerse en vigencia, más allá del derecho que tienen a la resistencia y a la protesta, pero con propuestas viables y que representen a los seis millones que no tienen pleno empleo.
La Asamblea está poniendo su lápida. No legislan con sentido de país, bloquean los planes del Gobierno de turno si no hay reparto, como se ha hecho público. Bloquean el trámite de proyectos fundamentales como la ley de Inversiones y la ley de Repetición porque les revertirá por los actos de corrupción que cometieron en el poder (el correísmo). Fiscalizan solo de acuerdo a sus conveniencias y niegan los verdaderos procesos para combatir la corrupción.
El camino dentro del ordenamiento jurídico hay que fijarlo de manera urgente para desbaratar esta estructura corrupta, de bloqueo y de la búsqueda de las satisfacciones personales y de sus agrupaciones, que no piensan en el bienestar del país ni llenar las aspiraciones de la juventud y las nuevas generaciones. Una vergüenza las posiciones de partidos que fueran respetables como la ID. Por eso la decepción en esta clase política, salvo excepciones, que no contribuye a la solución de los problemas ni plantean propuestas para afrontar los principales problemasnacionales.