El gobierno del presidente Guillermo Lasso no puede con el problema de las cárceles del país. Este lunes acaba de producirse una nueva masacre. 44 presos fueron asesinados y 105 se fugaron de la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Más que un amotinamiento, estos hechos de violencia responderían aparentemente a una disputa por tomar el control de este centro carcelario de parte de una facción de la banda criminal de Los Lobos (R-7), liderada por “alias Anchundia”. Algo similar ocurrió el mes anterior en la cárcel de Turi (Cuenca), en la cual fueron asesinados 20 reclusos. Por esta razón el cabecilla de esta banda fue trasladado a la Roca en Guayaquil, pero un “habeas corpus” de un juez autorizó su traslado a Santo Domingo.
Pero el problema de fondo no solo es la proliferación de la corrupción y la incidencia del narcotráfico en el sistema de justicia sino que, hasta el día de hoy, el gobierno del presidente Lasso no logra controlar lo que sucede al interior de los diferentes centros carcelarios. Son los presos quienes tienen las llaves de las celdas. Son estos quiénes determinan lo que sucede dentro, cuentan con armas de todo tipo, etc. La presencia del Estado es nula.
Por esta razón durante el 2021 cerca de 280 reclusos fueron asesinados. En lo que va de este año ya son 64. Sin embargo, las acciones emprendidas por el gobierno para evitar las masacres y ajusticiamientos en los centros penitenciarios han sido débiles, poco acertadas y desarticuladas.
Ante la escalada violencia en el país el presidente Lasso ha dispuesto mayores asignaciones para las cárceles e incluso para la Policía Nacional. Sin embargo, esto se ha quedado en meras declaraciones. La semana pasada un alto funcionario de la Policía se ha quejado de que los USD 9 millones ofrecidos en enero están detenidos en el Ministerio de Finanzas.
Al cumplirse casi un año de gobierno, más allá de los anuncios y ofrecimientos ante los medios, Lasso no atina a enfrentar la peor ola de inseguridad y violencia que ha tenido el Ecuador.