Nueva ley en un hilo

Cuando apenas se apagan las celebraciones electorales, emerge un nuevo episodio vergonzoso. Esta vez sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La Asamblea aprobó un paquete de reformas en marzo. El Ejecutivo lo sancionó favorablemente en abril. La apariencia… proceso con coordinaciones, legalidad, eficiencia, consecuencia con prioridades… Algunas voces lo desmienten.

Ministerio de Economía. Mauricio Pozo reventó la bomba: “la aplicación de la ley es inconstitucional y económicamente inviable”. No respeta el artículo 287 de la Constitución que obliga establecer los mecanismos de financiamiento. Alerta que la vigencia de la ley representa 3 mil millones, 10% del presupuesto general. Guarda silencio sobre la aprobación del Presidente.

Docentes y gremios. La nueva Ley incorpora mejoras significativas a su situación: aumento de salario en 42%, ajuste del escalafón, jubilación sin límite de edad, reingreso de despedidos.

Mencionan que representa una conquista lograda por sus luchas y su participación proactiva en las consultas de la Asamblea. Enfatizan la coherencia con la revalorización docente.

Comisión de Educación de Asamblea. Defiende la propuesta. Alega haber consultado a todos los sectores, incluyendo Finanzas. Argumenta que el Ejecutivo no vetó la propuesta, la revisó y aprobó.

La Comisión no justifica la falta de estudio actuarial sobre el impacto para la Seguridad Social. No menciona las razones del olvido del tema financiamiento.

Resulta insólita la omisión de la Asamblea y el Ejecutivo. Deja varias interrogantes. ¿Se trata de descuido, de inclinaciones populistas, de lavado de manos para evitar impopularidad y discordias? ¿Se trata de un regalo envenenado para el próximo gobierno?… Algo ha quedado claro: no existió coordinación entre Asamblea y Ejecutivo.

No hubo diálogo entre Ministerios y Presidente.
El conflicto está abierto y las resoluciones tomadas. Difícilmente Moreno alentará ahora una solución de fondo, aunque ya se habla de una demanda por inconstitucionalidad. Se barajan dos alternativas, para evitar una ley como letra muerta. La primera, encargar a la nueva Asamblea la localización de fondos para cubrir las mejoras… Complejo por los tiempos políticos y la correlación de fuerzas.

La segunda, apunta a elevar la prioridad de la educación en la agenda del país, conforme los ofrecimientos. Demanda análisis más allá del sector y sobre todo, nuevos criterios para repartir lo existente. Sin aumentar el déficit del paisito, se sugiere por ejemplo, canalizar fondos de endeudamiento, recortar gastos de la Asamblea y el Servicio Exterior, recuperar fondos de la corrupción, trasladar recursos de la venta de empresas públicas, devolver el recorte realizado en educación, suprimir gastos secundarios (publicidad, viajes)… Se trata, sin duda, de un tema de escasez de recursos, pero sobre todo de prioridades.