A mediados de año, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, después de meses de vacilación y de informes de dudosa objetividad, resolvió tomar medidas para investigar la situación en Venezuela. El resultado fue una elocuente acusación al régimen de Maduro, a quien la opinión pública internacional le venía exigiendo cumplir con las elementales obligaciones de respeto a los derechos y libertades de su pueblo.
Documentadamente, el informe señalaba la existencia de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso, casos de tortura y desapariciones forzadas. Maduro lo rechazó aduciendo que un complot internacional dirigido por Washington se empeñaba en derrocarlo, en actitud que constituía una intervención en asuntos internos de Venezuela.
Una nueva misión especial de la ONU, formada por expertos independientes, acaba de presentar otro informe sobre “la determinación de los hechos” en materia de derechos humanos, en el que, con claridad meridiana dice que “las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos”, ejecuciones arbitrarias y uso sistemático de la tortura que “constituyen crímenes de lesa humanidad”. Uno de los miembros de la misión, al responder a la prensa, ha precisado que no se trata de actos aislados sino de prácticas que “se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”; otro ha precisado que Maduro intervino en estas atrocidades “dando órdenes directas o a través de la cadena de mando”, en su afán de sofocar a la oposición. Lo más destacable del nuevo informe sobre las atrocidades de Maduro es que las califica como “crímenes contra la humanidad”, delitos que puede y debe poner en movimiento la jurisdicción penal internacional.
La reacción de Maduro no se hizo esperar. Acusó a los autores del informe de parcialidad y falta de objetividad, así como de hacer el juego a aquellos países intervencionistas cuyo objetivo es derrocar a su gobierno y poner fin a la democracia venezolana.
Lamentablemente, la oposición en Venezuela ha demostrado estar fragmentada por intereses personalistas o de grupo, que le han impedido actuar unificadamente. La autoridad moral y la capacidad de acción de Guaidó han disminuido. El coronavirus ha desplazado la atención general hacia otros campos de la realidad mundial y continental. Pero el pueblo venezolano continúa en una situación de víctima de los excesos dictatoriales de Maduro, de las debilidades y contradicciones de la oposición y de la inoperancia de las organizaciones internacionales llamadas subsidiariamente a protegerlo.