La legalidad y la legitimidad

Es importante considerar los contenidos enunciados en que se entrelazan en el año 2021, para la votación y el inicio del nuevo gobierno. En tal propósito, debe admitirse que a pesar de sus naturalezas diferentes –jurídica y sociológica- se complementan para la existencia de un sistema democrático.

La parte jurídica se refiere al régimen de derecho en una sociedad que se sostiene en la constitución y en el sistema derivado de la misma. La legitimidad, a su vez, es el consenso del pueblo, respecto a la actuación del Poder Público que se manifiesta en la aceptación consensuada del uso exclusivo de la fuerza, necesario para la conducción del régimen democrático en el contexto social en que debe ser aplicada.

En el Ecuador, dependiendo de la coyuntura, en algunas oportunidades la legalidad de origen fue desbordada por la ausencia de legitimidad que produjo un cambo radical de la situación política. Por ejemplo, el gobierno de Jamil Mahuad se inició con dudas sobre su legitimidad, a causa del escrutinio de votos en la segunda vuelta; sin embargo, gobernó, alcanzó una histórica firma de la paz con el Perú, pero cayó por la crisis financiera que lo condujo al cierre bancario y a la adopción de la dolarización del signo monetario nacional. En otro caso, Abdalá Bucaram alcanzó el poder con una enorme demostración electoral y una obvia legitimización popular que luego se diluyó, hasta producirse un verdadero golpe de Estado que lo destituyó. El caos monetario destruyó al gobierno, evidenciado uno de los casos en que la legitimidad superó el marco de la legalidad.

En la actualidad, próximos al día de las elecciones, es necesario que los resultados subsanen un complicado tema político como fue el impedimento de que un candidato importante para la competencia se convierta es un obstáculo mayor en los siguientes tramos de la disputa electoral. Aunque como en otras veces se ha evidenciado, la filtración de intereses políticos en los organismos de control electoral, esta vez linda con los extremos. Por ese motivo, sin considerar la situación de protesta social y la emergencia política sobre todo de la juventud se desconoce la razón de promocionar desde estas esferas el voto protesta y el voto rechazo.

De no existir oportunas seguridades para que se reestablezca la imparcialidad del control electoral, es probable que el nuevo gobierno nazca apoyado solo con los estados de excepción y la muerte cruzada. El objetivo como pocas veces deberá ser legal y legítimo; máxime que no existe la posibilidad de una segunda vuelta para la elección de los legisladores que permita la elección de un Presidente y una aceptable presencia legislativa de partido o movimiento. Sesgos y arbitrariedades en el control electoral pueden ser peligrosos. No hay lugar para apagones en el escrutinio. Por el contrario, vuelven a escuchar voces que repiten: “¿Cucusque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?”

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