El fardo de las empresas públicas

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Lunes 24 de septiembre 2018

Las empresas públicas son de todos. Por ende nos cuestan a todos. Los ecuatorianos sostenemos a estas empresas con los dineros del erario nacional que provienen de nuestros impuestos.

El Estado tiene una razón de ser y hay varias actividades que debe manejar con criterio de país, por encima de los intereses particulares y el afán de lucro individual.

Lo que sucedió en el Ecuador durante la llamada década perdida es que desde la óptica de un modelo concentrador de poder, el Estado se convirtió en eje de toda la actividad económica y pública.

Durante esos años se deprimió el estímulo al emprendimiento privado y se convirtió a buena parte de la actividad empresarial en satélite del Estado hiperinflado y controlador.

El papel bien definido entre el Estado y la empresa privada y el estímulo a miles y miles de iniciativas individuales es el más seguro camino hacia la generación de empleo y creación de riqueza. Por esa razón, los anuncios del Presidente sobre evaluar a las empresas públicas, venderlas o cerrar aquellas que no reporten beneficios colectivos es una medida acertada y necesaria.

Este Diario viene publicando reportajes que reflejan la realidad de las empresas públicas. Dos ejemplos publicados estos días dan rubor. Flopec perdió USD 74,3 millones. La Flota Petrolera es solo armador y además arrienda barcos, su propósito es transportar petróleo pero el precio internacional del flete cayó.

Flopec se ha adentrado en rubros ajenos a su naturaleza, aunque alguna ley la ampare. La planta de Monteverde o el edificio y el parque contiguo de Esmeraldas que costaron millones a Flopec, terminan costándonos millones a los ecuatorianos.

Yachay es el ejemplo más grotesco: el monumento a la ineficiencia y el derroche no despega y para ello se compraron miles de hectáreas de tierra fértil.Hoy hay un montón de obras paradas y, en cuanto a la universidad, son 1 652 alumnos en 47 hectáreas.

El tema nos compete a todos: austeridad, que el Estado haga lo que tiene que hacer de forma eficiente y con buen uso del dinero público.