Todavía prevalece la hipótesis, en el caso de las firmas manipuladas en la inscripción de las organizaciones políticas, que no existe razonablemente una causa o motivo. Hasta que se esclarezca tal embrollo surgirán explicaciones fabulosas como aquella de que es el resultado directo del caos institucional que nos abruma, incluso una obra siniestra del maligno, pues no es fácil concebir un móvil y por ende beneficiarios de esta tragicómica situación que ha alterado la paz cívica de la ciudadanía.
Una primera explicación simplona es que fue obra de fanáticos gubernamentales para destruir a movimientos que en algo pudieran afectar el caudal de votos requeridos para lograr un triunfo en la primera vuelta y no correr ningún riesgo en la segunda. Esta explicación -dado el poder y control que ejerce el gobierno- ignora el grave desprestigio del proceso electoral y por ende sospechas sobre la legitimidad de los resultados finales que el desbarajuste que está causando. Que la oposición no lo aproveche a plenitud es otra cosa.
Sostener, desde otro ángulo, que la obra malévola es de un extremista de la oposición, aunque sea muy poco probable, pudiera tener más sentido. Ante una segura derrota electoral es preferible que todo desaparezca y que se ingrese de frente a un régimen de hecho; sin embargo, surgen obvias interrogantes. ¿Cómo pudo un individuo o un grupo tener el acceso a programas y más artilugios tecnológicos en un recinto celosamente custodiado por antiguos militantes del FADI y del Partido Comunista que hasta el final de los tiempos seguirán creyendo devotamente en esta revolución?
El organismo electoral luego de la denuncia que se inició en sus filas quiere curar la enfermedad por la vía de la improvisación de ciudadanos capacitados en escasas horas para una comprobación de una piratería, probablemente de ‘photoshop’, que permitió trasladar firmas reales de una a otra organización y, más grave aún, de ciudadanos que nunca lo hicieron por ningún partido o movimiento. Es difícil que dado el entorno internacional, algún organismo reconozca que lo sucedido en el Consejo Nacional Electoral del Ecuador supera con creces la audacia del australiano Assange que “cómodamente” reposa en nuestra Embajada en Londres.
Ante casos tan complejos, a veces las soluciones políticas oportunas pueden ayudar a superar el desconcierto y el descrédito. Si existen buenos puestos en la alta burocracia estatal los actuales miembros del CNE debieran retirarse y esperar ser reubicados. Con seguridad los suplentes elegidos por el omnímodo Consejo de Participación Ciudadana serán iguales o peores, algún alivio sentirá una ciudadanía que no sabe qué hacer ante la manipulación de su identidad. La situación es tan desopilante que hasta que el entuerto se resuelva es recomendable no dar el número de cédula o el de teléfono celular, usar apodos o seudónimos; además, cambiar el garabato de la firma.