Enrique Ayala Mora

Jueces corruptos

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Viernes 12 de julio 2019

La Función Judicial necesitaba una urgente reforma. Sus normas estaban superadas, su estructura institucional era arcaica, su infraestructura material, pésima, los trámites, interminables y, sobre todo, la corrupción era frecuente. El soborno era práctica generalizada. En muchos casos, las causas se movían con dinero. A veces se “compraba” sentencias. Había ministros de la Corte Suprema hasta funcionarios de base, que cumplían consignas de políticos pesados como Febres Cordero.

Por ello, el anuncio de Rafael Correa de que se reformaría radicalmente la Función Judicial, fue bien recibido. Algunos hasta justificaron su decisión confesa de “meterle mano a la justicia”, el destierro de la corrupción.

Por años, con grandes recursos económicos provenientes del auge de los ingresos públicos, se modernizó los locales, el equipamiento y los procedimientos. Se cambiaron las leyes y otras normas, se anunció que los concursos para las dignidades serían eficientes y transparentes.
Hubo logros, pero las obras se hicieron con notables sobreprecios y mala calidad. Y el resultado de la reforma fue que toda la estructura judicial, especialmente la designación de jueces, quedó en manos del correísmo. No se “metió la mano a la justicia” para mejorarla sino para volverla instrumento del poder único y de los dictados de un régimen que quería tapar su corrupción institucionalizada desde la cabeza y garantizar la impunidad de sus latrocinios.

Desmontar ese aparato de corrupción, encubrimiento e impunidad es una tarea muy difícil. El secuestro correísta de la Función Judicial se mantiene. Por ello, los funcionarios del gobierno anterior que son enjuiciados por graves casos de corrupción y mal manejo de los recursos públicos, reciben “ayuda” de los jueces, que dilatan los trámites, confunden las pruebas, los sacan de prisión y los dejan libres. Hasta propician que se fuguen del país. Por miedo, por complicidad o por plata, los jueces correístas atropellan la justicia, favorecen a los delincuentes y se burlan de personas como la Fiscal General, que cumplen su deber con seriedad.

La reforma judicial es urgente. La reorganización del Consejo de la Judicatura fue solo el primer paso. Ahora, ese organismo debe llevar adelante la evaluación del personal judicial para cumplir con la necesidad de depurarlo de ineptos y corruptos. La gente capaz y honorable que hay, sin duda, en la Función Judicial no debe tener miedo a ser evaluada, porque así quedarán en claro su honradez y solvencia.

El Consejo de la Judicatura debe acelerar la evaluación, comenzando por los jueces de la Corte Nacional, en especial la de aquellos que, sospechosamente, rechazan ser evaluados, porque las maniobras con que intentan que no se conozcan sus travesuras, dejan ver su enorme rabo de paja.