El país no debe soportar que el dilema político actual sea la impunidad y la revisión de sentencias que quieren imponer, la conspiración y la desestabilización o el diálogo democrático y sensato para buscar salidas a los acuciantes problemas que se viven.
El gobierno y los sectores que quieran contribuir al encuentro de soluciones debieran sentarse para lograr acuerdos mínimos y viabilizar los cambios, las reformas, las leyes que debe aprobar la Asamblea y la adopción de medidas que permitan afrontar la crisis. Lo que no está bien que cada sector quiera hacer carga montón, aprovecharse del momento y dar plazos al régimen en el cumplimiento de sus exigencias de grupo. Así se han pronunciado dirigentes gremiales de sindicatos, transportistas, indígenas y políticos irresponsables que desafían desde la Legislatura.
Es lamentable que algunos sectores estén pugnando por contribuir a la desestabilización, conscientes o inconscientes de hacerle el juego a quienes están desesperados por lograr el caos y meterle otra vez las manos a la justicia para revisar las sentencias condenatorias que tienen por actos de corrupción. Ese es el objetivo principal del correísmo.
Esos sectores debieran responder si están o no del lado de la violencia que se quiere sembrar en el país. Qué decir de otros problemas sociales que ni los mencionan y peor reclaman. Cuándo se suman a protestar y exigir que paren los altos índices de la desnutrición crónica infantil que les afecta directamente, la inseguridad que causa temor y miedo en la población.
Qué decir de ese escenario de vergüenza de la desprestigiada Asamblea, que tiene que cumplir con sus tareas de legislar y fiscalizar, incluido al Ejecutivo, que debe responder por sus actos. El caso Pandora Papers debe indagarse política y penalmente, como ya lo hace la Fiscalía. Sin embargo, la Asamblea queda en ridículo cuando la Comisión de Garantías Constitucionales pretende hacer show con una acción sesgada en este caso. Con ese criterio equivocado, que la Comisión de Soberanía Alimentaria procese la reforma tributaria; que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales trate la reforma laboral; que la Comisión de Fiscalización analice la proforma presupuestaria para que el relajo sea completo.
Las protestas y el derecho constitucional a la resistencia forman parte de la vivencia democrática, pero debieran ir acompañadas de propuestas viables y el entendimiento de la crisis, que no busquen la anarquía. El gobierno no debe caer en el juego y tiene que no solo escuchar sino agilizar las respuestas como la ofrecida focalización de los precios de los combustibles, los créditos al uno por ciento, la condonación de las deudas menores, que no será la solución pero si un alivio para la gente, entre otros temas, y si la Asamblea sigue obstruyendo, que vaya la muerte cruzada.