Este será un año recordado sin nostalgia por los brasileños, incluso por la mayoría triunfante en el proceso de inhabilitación de Dilma Roussef, culminado con la destitución.
Poco tiempo tuvieron los nuevos gobernantes para festejar la conquista del poder, desde el 12 de mayo, inicialmente en forma interina y luego de manera plena, al culminar el juicio político en el Senado contra la izquierdista Rousseff.
El 23 de mayo, 11 días después de asumir como nuevo presidente, el conservador Michel Temer perdía su brazo derecho, el senador Romero Jucá, obligado a renunciar al Ministerio de Planificación, al difundirse un diálogo con un colaborador de la justicia en el escándalo de corrupción en Petrobras, la empresa petrolera estatal. “Hay que cambiar el gobierno para detener esa sangría”, planteó, refiriéndose a la avalancha de denuncias y condenas, incluso a prisión, de decenas de políticos y empresarios involucrados en la desviación de dineros de los negocios petroleros. Desde entonces renunciaron otros seis colaboradores directos de Temer por escándalos. El último, en noviembre, fue Geddel Vieira Lima, también hombre clave del presidente como su ministro de Gobernación.
Las previsiones son que tampoco el nuevo gobierno se sostendrá hasta el último día de 2018, cuando termina su período. Su remanente núcleo central, incluido el presidente, está involucrado en denuncias de Odebrecht, que decidió colaborar con las investigaciones judiciales sobre la ola de corrupción, de la que probable campeón.
El conglomerado empresarial, que comprende las mayores constructora y petroquímica del país, además de ramificaciones en la industria bélica y energética, promovió que 77 de sus directivos y exdirectivos pasasen a colaborar con la justicia.
El primer testimonio trascendido apunta a 48 políticos, la mayoría diputados y senadores, como receptores de los sobornos que pagó la empresa para obtener contratos y prebendas en las leyes aprobadas en el legislativo Congreso Nacional.
Entre los denunciados, el mismo Temer, que habría negociado cerca de unos tres millones de dólares para las campañas electorales del ahora gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Además dos de sus hombres fuertes, el ministro jefe de la Casa Civil (secretaría de la presidencia), Eliseu Padilha, y el secretario del Programa de Inversiones y Privatizaciones, Wellington Moreira Franco, están involucrados en los sobornos de Odebrecht, pagados con sobreprecios en los proyectos obtenidos del Estado.
El Congreso, protagonista de la destitución de Rousseff, tiene a sus principales líderes entre los acusados y soporta los peores índices de rechazo popular de su historia.
IPS