Enfoque internacional

El default de Estados Unidos

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Sebastián Edwards-Project Syndicate

Uno de los mitos más difundidos en relación con EE.UU. es que el gobierno federal nunca dejó de pagar sus deudas. Cada vez que se debate en el Congreso subir el límite al endeudamiento, los políticos y los periodistas desempolvan el viejo lugar común de que Estados Unidos no estafa a sus acreedores.

Pero hay un problemita: no es verdad. Hace ya varias décadas, hubo un caso en el que Estados Unidos no actuó como una economía avanzada, y reestructuró deudas en forma unilateral y retroactiva. Y aunque pocos recuerdan este período crítico de la historia económica, contiene valiosas enseñanzas.

En abril de 1933, con el objetivo de ayudar a EE.UU. a salir de la Gran Depresión, el presidente Franklin Delano Roosevelt anunció un plan para excluir a Estados Unidos del patrón oro y devaluar el dólar. Pero no iba a ser tan fácil como calculó FDR. En aquel tiempo la mayoría de los contratos de deuda incluían una “cláusula del oro”, que obligaba al deudor a pagar en “moneda de oro” o su “equivalente”. Estas cláusulas se introdujeron durante la Guerra Civil como un modo de proteger a los inversores contra una posible disparada inflacionaria.

Pero la cláusula del oro era un obstáculo a la devaluación prevista por FDR. Si se devaluaba la moneda sin resolver la cuestión contractual, el valor en dólares de las deudas aumentaría automáticamente para compensar la caída del tipo de cambio; esto provocaría quiebras generalizadas y enormes aumentos de la deuda pública.

Para resolver el problema, el 5 de junio de 1933 el Congreso aprobó una resolución conjunta que anuló la cláusula del oro en todos los contratos pasados y futuros. Eso hizo posible que hubiera devaluación (y un conflicto político). Los republicanos deploraron que se pusiera en riesgo la reputación del país, mientras el gobierno de Roosevelt sostenía que la resolución no equivalía a una “anulación de contratos”.

El 30 de enero de 1934, se produjo la devaluación oficial del dólar. El oro pasó de valer 20,67 dólares por onza (precio vigente desde 1834) a 35 dólares por onza. Previsiblemente, los poseedores de valores protegidos por la cláusula del oro sostuvieron que la derogación era inconstitucional. Se entablaron demandas, y cuatro de ellas llegaron hasta la Suprema Corte. En enero de 1935, los miembros de la Corte trataron dos casos referidos a deudas privadas y otros dos relacionados con obligaciones del gobierno.

La cuestión subyacente en cada caso era en esencia la misma: ¿tenía el Congreso autoridad para modificar contratos en forma retroactiva?
El 18 de febrero de 1935, la Suprema Corte anunció los veredictos. En los cuatro casos los jueces fallaron por 5 a 4 en favor del gobierno y contra los inversores que buscaban compensación. Según el fallo por mayoría, el gobierno de Roosevelt podía invocar una “necesidad” como justificación para anular contratos, si eso ayudaba a liberar la economía de la Gran Depresión.