César Augusto Sosa

La reforma de la discordia

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 2
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 22
Lunes 11 de noviembre 2019

A pocos días que venza el plazo para que la Asamblea concluya el trámite de la Ley económica, ningún sector del país ha salido a defenderla, excepto los autores de este proyecto, enviado con el carácter de urgente.

La propuesta ha tenido detractores en el propio bloque oficialista de la Asamblea, quienes han apoyado la tesis de aprobar el texto por partes, porque existen muchos temas preocupantes, básicamente aquellos relacionados con el Código Monetario y Financiero. Por eso, propusieron debatirlos en una ley aparte, para tener más tiempo.

La Superintendenta de Bancos y sus funcionarios han estado activos desde finales del mes pasado para advertir sobre los riesgos de las reformas al Código Monetario, no solo porque el Ejecutivo no incluyó algunas de sus propuestas, sino porque en el proyecto enviado a la Asamblea Nacional, la autoridad de control pierde o reduce algunas de sus funciones de supervisión.

Las reformas al Código Monetario y Financiero son parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y comenzaron a elaborarse a partir de la firma del acuerdo con el FMI, en marzo pasado.

Esas reformas debían enviarse a la Asamblea en agosto pasado, pero el Gobierno demoró en su entrega. Las diferencias que ahora salen a la luz explican la tardanza.

En la versión resumida del Gobierno, el proyecto busca la independencia del Banco Central del Ecuador, el fortalecimiento de las reservas y la prohibición de que el Central preste recursos al Ministerio de Finanzas o al resto del sector público.

Aunque no hay oposición en esos objetivos, la Superintendencia de Bancos advierte que perdería la potestad de supervisar al Central si la propuesta del Ejecutivo pasa sin cambios en la Asamblea. Y ninguna entidad, por más autónoma que sea, debiera estar libre de algún tipo de control.

Para el Gobierno, el Central y la Junta de Regulación rendirán cuentas a la Asamblea y al Presidente, aunque este último sería el que nombre a los miembros de los directorios de ambas entidades.

En este sentido, los mecanismos para lograr la autonomía del Central no cumplen el principio del equilibrio en la conformación de su directorio. Es necesario garantizar su independencia nombrando un directorio con intereses diversos y que no respondan únicamente al Presidente.

Hay que señalar que la reforma legal crea el directorio del Banco Central para el manejo de la política monetaria, y deja los aspectos financieros en manos de la Junta de Regulación, donde se definen temas como la fijación de tasas de interés, los costos de los servicios financieros o la regulación de las instituciones financieras del país.

El poder del Banco Central y de la Junta de Regulación aumentará con la propuesta del Ejecutivo, mientras se reducirá el de la Superintendencia de Bancos. Pero no importa qué entidad tenga el poder, sino que esa entidad sea técnica e independiente del Ejecutivo y de otros grupos de poder.