En la realidad de la Administración hay dos verdades tan firmes que pueden considerarse como axiomáticas. La una es que toda persona que tenga Poder de decisión, debe ser calificada como “político”, le guste o no le guste. Por ejemplo es político desde el presidente Rafael Correa hasta el último individuo que desempeñe un papel en el drama gubernamental.
La otra evidencia -también muy sólida- es que a ningún político le hace la menor gracia ser apartado del Poder.
De ahí que no tenga nada de raro lo que está sucediendo en España, pero aquello entraña muchas y provechosas lecciones para cualquiera país del mundo.
Hace dos semanas se tuvieron allí elecciones que podemos llamar de mediana importancia: para escoger a los dignatarios municipales y también a los integrantes de casi todos los parlamentos de las regiones en que está dividido el territorio del país peninsular. El resultado fue que el Partido gobernante ahora, el llamado Partido Socialista Obrero, dirigido por el Primer Ministro José Rodríguez Zapatero, fue vencido clamorosamente por su principal rival, el Partido Popular dirigido por Mariano Rajoy.
Como aún no es obligatorio realizar las elecciones fundamentales, las de las Cortes o Congreso en esa terminología, sino que pueden esperar hasta abril del año entrante Rajoy planteó enseguida que esos comicios se adelantaran varios meses. Pero claro, a su vez Rodríguez Zapatero -recordemos el segundo axioma, el de aferrarse al Poder- intenta hacer esto último y dar largas al espinoso asunto.
Pero de pronto, Juan Pablo Vintimilla enviado especial desde Madrid, publicó un análisis tan lúcido como revelador en EL COMERCIO de este último sábado. Observó que España “no ve salida a crisis en corto plazo”, pero que justamente lo peor que pudiera hacerse es demorar los nuevos comicios de las Cortes. El ‘quid’ de la argumentación de Vintimilla es que los socialistas por el temor de perder todavía más estrepitosamente las nuevas elecciones, son los menos apropiados para adoptar las medidas indispensables, con el fin de evitar que la presente crisis empeore hasta convertirse en irremediable catástrofe…¡pagada siempre por el pueblo en cuanto a los peores réditos económicos y sociales!
Así no se reducirá el desbocado gasto público del gobierno central y de las regiones autónomas; seguirá lánguido el ritmo de la producción; el desempleo aumentará, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres, superando la barrera de los 5 millones, pese a la casi siempre excelente preparación académica y tampoco hay indicios serios de que disminuirán las denuncias de corrupción con los dineros públicos. Y para remate, como España forma parte de la zona del Euro, asimismo no podrá devaluar la moneda para contener los costos de producción.
Lo cual configura un callejón sin salida, ¡de esos que es preferible escarmentar en cabeza ajena, antes que en la propia!