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En ningún momento de la historia del Ecuador habrá tenido tanta importancia la búsqueda de una persona idónea para la Fiscalía General del Estado. Del correcto ejercicio de esa función dependerá en el presente y el futuro no solo el destino de procesos de enorme importancia nacional, sino la institucionalización de una instancia oficial groseramente manipulada por el correísmo, que debe asentarse como uno de los pilares de la justicia en el país.
Por muchos años en la trayectoria republicana del país no existió una fiscalía como tal. Se nombraba un ministro de la Corte Suprema de Justicia con las funciones de ministro fiscal y lo mismo se hacía en las cortes superiores. Pero la mayor parte de la carga del trabajo de la acusación en procesos penales recaía en abogados contratados por los acusadores, inclusive el propio Estado.
Solo en las últimas décadas del siglo XX hubo una preocupación porque en el país hubiera una fiscalía que se encargara de tomar en sus manos la acusación a nombre de la ciudadanía, o a nombre de “el pueblo”, como se acostumbra a decir en la tradición anglosajona. Comenzó un proceso de institucionalización de la Fiscalía General.
Cuando se pensó que el triunfo de Alianza País era la ocasión para dar un paso adelante en la modernización judicial y la institucionalización de una Fiscalía fuerte, responsable y democrática, siguiendo la práctica perversa del correísmo, la consigna fue copar todos los niveles de su estructura para ponerla al servicio del poder único. Fue un espacio ocupado por incondicionales cuya principal tarea fue perseguir, intimidar y castigar a quienes el régimen consideraba enemigos, es decir a los que discrepaban, exigían la vigencia de derechos o denunciaban la corrupción. El colmo llegó cuando Correa impuso a uno de sus ordenanzas de palacio como Fiscal General para profundizar la impunidad. Ninguna denuncia de corrupción fue tramitada. Cuando fue inevitable, en vez de acusar a Glas de peculado se lo responsabilizó de un delito menor para que fuera sentenciado a unos pocos años. Al fin, el fiscal de Correa cayó en medio de líos de “ñaños del alma”, “corruptos, “delincuentes” y “prófugos de la justicia” que ejercían venganzas entre ellos mismos. Desde entonces, la Fiscalía es víctima de la transitoriedad.
Desde luego que hubo pasos positivos como la estructuración de un sistema nacional con numerosos fiscales que antes no existía, pero con una inflación burocrática inmensa, o la dotación de infraestructura, que se montó con enormes sobreprecios. Se debe reconocer, además, que entre el personal de la Fiscalía se destacaron gentes honradas y serias como Diana Salazar que se lució en sus funciones. Ojalá se anime a concursar para esa designación. Así el país podrá tener una fiscal seria, independiente y bien parada.