Enrique Ayala Mora

Suprimir el Consejo tramposo

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Viernes 02 de agosto 2019

Si a alguien le quedaba duda sobre la necesidad de eliminar el mal llamado “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, el papelón que están haciendo en ese organismo el santo sacerdote presidente y la mayoría de sus colegas miembros, ha demostrado que ese engendro implantado en la Constitución por los seguimonos de la Venezuela chavista, no solo que no debe existir, sino que estorba en una democracia.

Por eso, cuando Julio César Trujillo propuso una consulta popular para la eliminación del tal Consejo, logró gran expectativa y respaldo. Luego de su muerte, una comisión designada por él ha concretado la propuesta de “institucionalización” del país, que plantea una reforma parcial de la Constitución, presentada ante la Corte Constitucional hace unos días.

El documento está seriamente hecho y bien estructurado. Propone que, con el fin de afianzar la democracia y la independencia entre las funciones del Estado, se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se realice una profunda reforma de la Función Legislativa, que debe adoptar el sistema bicameral y rebajar el número de legisladores, con una Cámara del Senado, responsable de la elección de autoridades, y una Cámara de Representantes. Eso plantea la pregunta en lo de fondo, aunque no está redactada de esa manera. También es necesaria la propuesta de concretar la independencia de la Fiscalía General del Estado.

Es evidente que la reforma es correcta, aunque algunas de sus disposiciones constitucionales específicas son, a mi juicio inconvenientes, como la elección de legisladores en segunda vuelta o la concepción de las dos cámaras como “colegisladoras”, en vez de que el Senado sea alta cámara de revisión. Pero esto puede discutirse y rectificarse, si es del caso, más adelante. Lo fundamental es lo de fondo, sobre todo porque se mantiene el proceso de selección de candidatos a las dignidades por concurso público, sin amarres de última hora.

Desde hace una década cuestioné la Constitución vigente y he sostenido que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer, sustituyéndola por el Senado, porque es un mecanismo tramposo para manipular la representación ciudadana y estatizar la sociedad civil. La sociedad se representa a sí misma. Por eso apoyo la consulta, aunque no podré participar en el comité que la promueve porque me he comprometido con la militancia política, la cual resulta incompatible.

No me cabe duda de que la convocatoria a una Asamblea Constituyente sería el camino idóneo para institucionalizar al Ecuador. Pero requiere un proceso largo de preparación y consensos fundamentales que están pendientes. Por ello, hasta que hayan condiciones y no intentos de manipulación, la consulta popular es la opción posible.