Ecuador es signatario de la Convención del Haya (1954) para la protección de bienes patrimoniales en momentos de conflicto armado nacional o internacional. En él el Estado se abstiene “de todo acto de hostilidad”. Sin embargo, hace días se poilicializó las instalaciones de la Casa de la Cultura, el mayor repositorio patrimonial del país vulnerabilizando las colecciones como no lo había hecho ningún otro gobierno. Los responsables del acervo debieron salir; todo quedó a merced de la violencia incontrolable de lado y lado. Resultaba cómodo armar un cuartel policial al costado de El Arbolito y el Ágora, lugares naturales de reunión de los manifestantes indígenas y campesinos. ¡Qué vergüenza! ¡Un auto golpe a la cultura material y simbólica del país!
Este desinterés por la cultura y el patrimonio nacional parece estar ligado con las propuestas del oficialismo a la Ley Orgánica de Cultura; la única reforma propuesta fue la de que se borre en la Ley “Ministerio de Cultura y Patrimonio” y se reemplace por “Ente rector de la cultura”. ¿Estamos desbrozando el camino para eliminar el Ministerio?
No hay información sobre las colecciones del edificio Aranjuez, ni lo que se hará en Unasur para armar las reservas cumpliendo con el convenio firmado por el gobierno anterior. ¿Tiene esto que ver con la precariedad de los presupuestos de la CCE que anuncian la muerte de este valioso Museo para convertirlo en un Centro de Convenciones? El estrujamiento al sector cultural en general y su debilitamiento en términos de gestión y conservación anuncian quizás las justificaciones que se esgrimirán para entregar nuestro patrimonio a manos privadas y que sean otros los que lo manejen a su antojo?
En estos momentos reveladores ahora más que nunca el patrimonio de la nación debería servirnos para realizar un trabajo educativo conociendo y valorando a los Otros que habitan marginales a los poderes; vincularnos entre las etnias afro, mestiza, indígena, entre campesinos y urbanos. Esta es tarea exclusiva del Estado.