El próximo lunes, de darse el proceso electoral y el conteo de votos de forma regular, sabremos quién gobernará el país los próximos años, todo sujeto a la proclamación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)que, recordando lo sucedido en la primera vuelta, podría llevar algún tiempo. Con los resultados tendremos una idea más clara de qué nos espera, entre otros muchos temas, en lo institucional y en la protección de los derechos humanos.
En caso de un triunfo correísta, que ha instalado la idea de que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición ha provocado la desinstitucionalización del país y que el
“trujillato” destruyó las instituciones, con Arauz en Carondelet, buscará reemplazar a quienes considera contrarios a sus intereses. Objetivos principales parecen ser la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional.
De todas estas, dos parecen fundamentales para el proyecto autoritario que representa el correísmo: Fiscalía y Corte Constitucional. En particular, esta última tiene la capacidad jurídica para abrir o cerrar los caminos de los cambios que requieren para retomar el control del conjunto del Estado para ponerlo al servicio del “proyecto”.
Sin embargo, la Corte Constitucional podría -también- estar bajo amenaza en caso de que gane Lasso. Uno de sus principales aliados, Jaime Nebot, luego de que con el voto de cinco de sus nueve jueces, la Corte emitió dictamen desfavorable a la solicitud de consulta popular planteada por él y varias organizaciones, dijo: “si estos señores creen que este es el final del asunto, yo les digo al revés, este es el principio de su fin”. Es verdad, Lasso no se hizo eco de la amenaza, pero tampoco la rechazó.
Una Corte que actúe en función de su mandato y no de la dependencia a un proyecto político siempre será una molestia, porque incluso aceptando que la Constitución de Montecristi esté abierta a un amplio juego interpretativo y promueva el hiperpresidencialismo, es un documento que tiene instrumentos para frenar los posibles abusos y observar las omisiones del poder.
Luego de la experiencia, tan reciente, de jueces al servicio de quien gobernaba, quienes hoy integran la Corte Constitucional suelen sorprender con decisiones que parecen incluso “suicidas”. Es claro que de triunfar Arauz estaría en riesgo de ser cesada, pero ante una victoria de Lasso, sus debilidades internas le generan una situación de vulnerabilidad: han emitido decisiones que se alejan de las fuente jurídicas y parecen expresar más las opciones morales de algunos de sus miembros que las fuentes jurídicas aplicables, dando la sensación de que han rebasado los límites normativos e invadido competencias de otras instituciones.
No tengo duda, es la mejor Corte que el país ha tenido. Sin embargo, en este momento está entre la amenaza política externa y, como en el mito de Erisictón, corre el riesgo de devorarse a sí misma porque alguno de sus jueces se deja ganar por el hambre de trascendencia.