GM detuvo sus actividades en territorio venezolano

La producción de la planta sufrió un fuerte descenso desde el 2015 debido a la crisis que atraviesa el país. Foto: es.panampost.com

La industria automovilística venezolana sufrió un duro golpe la semana pasada. La fábrica de General Motors (GM), en Valencia, fue embargada debido a una orden judicial emitida por las autoridades del país sudamericano.
La resolución provocó el despido de 2 700 empleados, apenas se confiscaron las instalaciones de la firma que -desde el 2015- no funcionaba a toda su capacidad.
La casa automovilística, presente en Venezuela desde hace 69 años, emitió un comunicado en el que aseguró que empezará acciones legales en contra del Estado. "GM rechaza enfáticamente las medidas arbitrarias tomadas por las autoridades e iniciará acciones legales, dentro y fuera de Venezuela, para defender sus derechos", dijo la compañía en un comunicado divulgado el pasado miércoles.
La empresa señaló que confía en que la Justicia mediará en este conflicto y que espera continuar liderando el mercado venezolano.
Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que no se trata de un tema político, sino de un conflicto privado que enfrenta GM. "Lo ocurrido es el dictamen del juicio por un problema entre el fabricante y sus concesionarios", expresaron mediante un comunicado las autoridades venezolanas.
El ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, indicó que no solamente es falso que el gobierno chavista confiscara la planta de montaje, sino que esta, al igual que los demás fabricantes de vehículos, ha recibido un "tratamiento especial" para que reactive su producción afectada desde el 2015.
"El Estado venezolano reconoce la importancia de este sector. Incluso ha puesto al servicio de las ensambladoras un conjunto de herramientas de financiamiento y otras formas de apoyo para que estas plantas se reactiven y lleven a su máxima capacidad los niveles de producción", dijo en una entrevista con la televisión estatal.
Torrealba aseveró que el gobierno venezolano no ha expropiado ni tiene en sus planes expropiar la planta de la compañía estadounidense, mucho menos confiscarla.
Según el político, la medida sobre la planta de vehículos fue producto de un fallo de un tribunal que iniciaron varios concesionarios de General Motors en el país. "Algunos distribuidores de Maracaibo, al parecer, le pagaron a la ensambladora por unos vehículos que nunca recibieron. En razón de eso, esas empresas privadas entablaron un juicio contra la casa matriz", explicó.
Además, el Ministro señaló que GM Venezuela tiene la opción de asumir su defensa si es que no está de acuerdo con la sentencia que emitió el tribunal.
Los empleados de la firma no conocen qué pasará, de ahora en adelante, con su futuro laboral. No obstante, Julia Bastos, portavoz de GM en Brasil, señaló que todos los despedidos serán compensados. "La fábrica fue inesperadamente tomada por las autoridades venezolanas, pero nosotros velaremos por nuestros exempleados".
Bastos también reveló que otros activos de la marca fueron tomados durante el acto judicial. "Más activos de la compañía, como vehículos, también fueron ilegalmente retirados de las instalaciones".
Según General Motors, la planta tiene capacidad para fabricar
100 000 vehículos por año, pero estaba prácticamente paralizada por el colapso económico que vive Venezuela. A esto se suman las restricciones para conseguir dólares para importaciones en medio de un férreo control de cambio.
La crisis en territorio caribeño se ha agudizado en las últimas semanas. En lo que va de las protestas en contra del régimen de Maduro, un total de 25 personas perdió la vida. La difícil situación que atraviesa el país ha originado que otras empresas registren pérdidas importantes. De momento no se conoce cuál será el futuro de GM.