Columnista invitado Hay hechos que tienen la virtud de destapar la interioridad de los seres humanos. Por ejemplo, el atentado contra el semanario Charlie Hebdo.
Diversidad y alteridad se han vuelto pesados fardos para el correísmo. Atrás quedaron las pomposas declaraciones y los discursos grandilocuentes con que se logró seducir a muchos sectores de la izquierda incauta y de los movimientos sociales.
Juan Cuvi, exdirigente de Alfaro Vive Durante el programa ‘Regresando con Andrés Carrión’, que se transmite por Ecuadoradio todas las tardes, de 17:00 a 19:00, el exmiembro del movimiento subversivo ‘Alfaro vive, carajo’, criticó la decisión del Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES) de terminar con el comodato que en 1991 entregó el Estado ecuatoriano a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El “desalojo”, como calificó a la resolución ministerial, es “conclusión del sueño colonizador de la derecha ecuatoriana”. Considera que ese edificio tiene un poder simbólico y que “toda la política de aniquilamiento del mundo indígena se la concluye en un gobierno autocalificado progresista y de izquierda. En este momento se expresa el verdadero proyecto progresista”. “No estamos en el siglo XVII y XVII donde al mundo indígena se lo aniquilaba físicamente. Ahora hay una lógica estatal para irlos desplazando. Es una política de persecución, ampliación de la f
Columnista invitado La mercantilización de la medicina es uno de los mayores obstáculos para garantizar los derechos fundamentales de la gente. Pese a la retórica reivindicativa de los organismos internacionales del ramo, y de varios gobiernos de la región, la salud es un negocio boyante en prácticamente todos los países de América Latina. La lógica del mercado es tan avasalladora que termina imponiéndose inclusive a las políticas de los denominados gobiernos progresistas. Esto quedó en evidencia en el reciente Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) realizado en El Salvador.
El debate sobre la izquierda, además de constituir una necesidad ineludible de la democracia, cobra mayor relevancia en estos tiempos. Los resultados electorales en Brasil muestran un fenómeno inusitado. Que un 90 por ciento de votantes no se haya inclinado por una opción de derecha frontal y abierta significa que la mayoría de la sociedad brasileña no comulga con valores, referentes o símbolos conservadores. Definitivamente, ese electorado experimentó un desplazamiento generalizado hacia el centro-izquierda del espectro ideológico.
La consulta popular sobre la reelección indefinida plantea una interrogante crucial para la vida nacional: ¿Cuál es el sentido fundamental de preguntarle al pueblo sobre un tema que muchos interesados quisieran circunscribir al ámbito de la política?
Juan Cuvi Columnista invitado Un discurso cada vez más punitivo copa el espacio público. Basta escuchar al titular de la Supercom y su anuncio de unas reformas a la Ley de Comunicación que, al parecer, serán aún más estrictas que las actuales; o al Gobernador del Guayas y su advertencia a los eventuales invasores de tierras, a propósito de la entrada en vigor del COIP, para percibir un mensaje intimidatorio hacia la sociedad.
Juan Cuvi /Columnista invitado Mi padre poseía un sentido del humor exquisito. Una de sus habilidades consistía en echar mano de refranes poco comunes, incluso desconocidos, en los momentos y situaciones más precisos. Recuerdo que cuando alguien metía en el mismo saco cosas completamente disímiles, decía que no hay que confundir el culo con las témporas.
Juan Cuvi / Columnista invitado No sorprende que la restricción a la participación social y ciudadana conste dentro de la agenda del oficialismo. Todo lo que huela a diverso y heterogéneo es incompatible con un proyecto político vertical y centralista. La intención de ponerle cortapisas a uno de los elementos más democráticos de la Constitución del 2008 va a contracorriente del espíritu de las luchas populares de las últimas décadas.
No sorprende que la restricción a la participación social y ciudadana conste dentro de la agenda del oficialismo. Todo lo que huela a diverso y heterogéneo es incompatible con un proyecto político vertical y centralista. La intención de ponerle cortapisas a uno de los elementos más democráticos de la Constitución de 2008 va a contracorriente del espíritu de las luchas populares de las últimas décadas.
Es sábado 28 de junio a media tarde. La playa de Copacabana, un ícono cultural de Río de Janeiro, es un hervidero de gente pendiente de partido entre Brasil y Chile. No hay un puesto libre en los cientos de bares alineados a ambos lados de la amplia avenida. En las calles transversales, hinchas y curiosos se agolpan frente a cada televisor que ofrece su pantalla al público.
El concepto de golpe de Estado blando es una de esas típicas carambolas teóricas que surgen de la suspicacia ideológica.
Refiérome al artículo '¿Paramilitares en Sarayaku?' del Sr. Juan Cuvi, publicado el 8 de mayo. Es curioso que el Sr. Cuvi le atribuya “a regímenes y sectores políticos de extrema derecha” la existencia de paramilitares en determinados Estados. Parece que el Sr. Cuvi no activa en las redes sociales, ni lee la prensa, ni escucha la radio, ni ve TV. Solo así se explica su desmemoria selectiva. Allí tenemos a Venezuela: la extremada violencia y anarquía que reina es propiciada por el paramilitarismo que bajo el disfraz de “colectivos sociales”, persigue, tortura y mata, aupados por el oficialismo. Condeno la subversión y el terrorismo provenga de donde provenga, pero es inadmisible que el Sr. Cuvi pretenda hacerse de la vista gorda y no querer ver lo que todos vemos.
El paramilitarismo es un fenómeno que surgió como respuesta ilegal de los Estados para combatir a las fuerzas insurgentes o a los grupos subversivos de izquierda. Los grupos paramilitares han proliferado en aquellos países que han experimentado conflictos armados internos de regular intensidad. Se trata de organizaciones que tienen estructura y disciplina similar a las de un ejército regular, aunque no formen parte de las Fuerzas Armadas. No obstante, en la mayoría de casos los grupos paramilitares han sido promovidos, aupados o protegidos por ciertos sectores de las propias instituciones militares formales, con el fin de cumplir las tareas sucias que no se pueden realizar de manera oficial en el combate a la insurgencia. Al estar al margen de la ley, no se someten a ninguna norma o convención; esto les permite cometer excesos de violencia que son inaceptables para la fuerza pública de un Estado democrático.
En el gobierno de León Febres Cordero se dispuso que la Fuerza Pública cercara la sede de la Función Judicial. En el gobierno de Rafael Correa se dispuso que la Fuerza Pública cercara la sede de la Función Electoral. En el primer caso se logró neutralizar una decisión político-administrativa destinada a elegir a los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia. En el segundo caso -más grave aún- se pretendió neutralizar una amplia expresión ciudadana para proteger el parque nacional Yasuní. Tanto entonces como ahora, las formas autoritarias y arbitrarias del poder terminaron imponiéndose sobre la más básica institucionalidad democrática. Señal inequívoca de que, en esencia, nada ha cambiado en el país en estos 30 años.
La introducción de técnicas militares en el ámbito de la política puede resultar tan eficaz como nociva. Sobre todo cuando el perjuicio recae sobre la comunidad.
Penoso, por decir lo menos, el mensaje en Twitter del Canciller ecuatoriano a propósito de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Su insinuación respecto de la politización de la medida me recuerda a León Febres Cordero. El ingeniero mecánico también sostenía que la intervención de los organismos de derechos humanos para proteger a las víctimas de su régimen era una acción política. Desde su óptica autoritaria, a los perseguidos, torturados, garroteados y asesinados por oponerse a su Gobierno no les correspondía más que la justicia común.
Una sensación de irrealidad planea sobre la política nacional. Más precisamente, sobre la política del oficialismo. Las contorsiones con las cuales el Gobierno y Alianza País (AP) pretenden dorar la píldora de la reciente derrota electoral rayan en la ficción. De la noche a la mañana, los medios de comunicación desacreditados desde el poder se han convertido, por arte de magia, en un espacio relevante de información y debate público. Desde hace tres semanas, la procesión de funcionarios del Gobierno, dirigentes y asambleístas verde flex que han pasado por esos medios es impresionante. De la estrechez al derroche o -para ponerlo en términos más acordes con el talante religioso del correísmo- de la castidad a la lujuria.
Las explicaciones oficiales sobre la derrota electoral del pasado domingo dejan demasiados vacíos. Atribuirle la pérdida de los más importantes bastiones políticos del país a dos o tres errores aparentemente menores refleja una visión simplista y superficial de la realidad. Si esa es la lectura de la coyuntura significa que el correísmo no ha salido del solipsismo político en el que ha vivido durante estos siete años.
La judicalización de la vida constituye una sutil -pero efectiva- estrategia de represión política. Sustituye la grosera materialidad de la bota y el tolete por la sublime abstracción de la justicia. Al común de los mortales nos resulta complicado cuestionar recursos y procedimientos cuya intangibilidad los ubica en un plano superior, y hasta cierto punto inasible, de la realidad.