Diversidad y alteridad se han vuelto pesados fardos para el correísmo. Atrás quedaron las pomposas declaraciones y los discursos grandilocuentes con que se logró seducir a muchos sectores de la izquierda incauta y de los movimientos sociales.
Hoy el pragmatismo está pasándonos a todos una onerosa factura. En tan solo 15 días el Gobierno ha metido un retro que haría palidecer de envidia al más reaccionario de los regímenes. Primero fue el bloqueo de la caravana climática de los Yasunidos, con persecución y requisas al más puro estilo de las viejas dictaduras latinoamericanas. Luego vino la prohibición oficial para que un grupo de parlamentarios alemanes se reuniera con este colectivo ecológico. A continuación nos llegó el Decreto mediante el cual se reorienta la Estrategia de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enipla) desde parámetros moralistas y confesionales. En estas tres medidas se condensa una visión disciplinante y regresiva respecto de las posiciones más innovadoras que han aparecido en los últimos tiempos en nuestra sociedad.
Pero el punto culminante lo puso la exigencia al movimiento indígena para que desaloje la sede de la Conaie. Como sabiamente lo explicó Nina Pacari, la petición del Gobierno implica, en síntesis y en esencia, la ruptura del pacto social entre el Estado ecuatoriano y los pueblos y nacionalidades indígenas, pacto que se estableció luego de décadas de lucha y resistencia. Más que un tema judicial o coyuntural es un asunto histórico y político: el edificio en disputa no puede desligarse de las nociones de plurinacionalidad e interculturalidad que constan en la Constitución, y que fueron el resultado de una nueva concepción sobre el Estado. Arrebatarles ese edificio a partir de leguleyadas y argucias administrativas significa, en términos simbólicos, echar abajo los fundamentos del Estado plurinacional. Es la reencarnación de la conquista española por desposesión.
Lo que quizás omitió señalar Nina Pacari es la contradicción insalvable que existe entre la plurinacionalidad y la adscripción de Alianza País al viejo dogma del Estado nacional, cuya misión fundamental es la de concluir con el proceso de colonización interna. El correísmo considera inadmisible la democratización del poder que exige la plurinacionalidad. La demanda de territorialidad de los pueblos y nacionalidades indígenas desbarata la lógica de fortalecimiento del Estado a partir de la recentralización administrativa y la concentración del poder. Además, es la única estrategia viable para resistir al acoso de las industrias extractivistas.
La defensa del medioambiente y el control territorial están directamente relacionados con el freno a la explotación indiscriminada e irresponsable de recursos naturales.