El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la vara y recalibró las metas del programa con Ecuador. Los nuevos objetivos reflejan las limitaciones políticas para avanzar en un ajuste más profundo del gasto público.
Inicialmente, el país se comprometió a reducir el gasto estatal en 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2021, ahora la meta será del 2%. En término de ingresos, el Fisco debía subir USD 2 000 millones en el 2020 para reducir el déficit fiscal. Los mercados esperaban un aumento de tres puntos al IVA para lograr ese objetivo, pero el Gobierno se inclinó por la eliminación del subsidio a los derivados.
Las metas eran ambiciosas y se ejecutaron sin cálculo político. Tras violentas protestas, se dio marcha atrás a esa medida.
Al final, el Gobierno contará el próximo año con USD 600 millones de la reforma tributaria, una meta mucho más modesta frente a la inicial. La decisión del FMI de seguir con el apoyo a Ecuador es una señal positiva que da confianza a los mercados. Es de esperar que el riesgo país descienda hasta hacer viable el financiamiento externo.
Sin embargo, un ajuste más lento prolongará un escenario de estancamiento de la economía. El mismo Fondo calcula que la actividad económica aumentará solo 0,2% el 2020, menor al 0,5% proyectado en julio.
Pese al acuerdo con el Fondo, la caja fiscal dependerá el siguiente año de dos medidas difíciles de alcanzar.
La primera es la venta de activos estatales, objetivo que se persigue desde 2016. Según el Gobierno, el activo más fácil de concesionar es la hidroeléctrica Sopladora, pero el tema está enredado en líos legales. Con ello, la medida que queda es focalizar los subsidios a los combustibles. La eliminación del subsidio a la extra puede rendir 650 millones. El aumento del precio a este derivado ocurrido hace casi un año generó un impacto mínimo en la inflación, por lo que una revisión aparece viable.
Eso no hace menos necesaria una revisión al diésel, aunque la ruta aún no está clara.