Ecuador, 2021. El mensaje en video con decenas de “hombres y mujeres de negro” de la Policía Antimotines de Ecuador dirigido al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía de Colombia (Esmad) rememora el informe suscrito en 2016 por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y los días grises del paro nacional de octubre del 2019.
“Les damos nuestro incondicional apoyo. Entendemos por todo lo que ahora están pasando…; (el) cuestionamiento y señalamiento por parte de una sociedad que no visualiza el sentir de un policía que, a pesar de su casco y su armadura, tiene sentimientos”, comparte un comandante ecuatoriano a los ‘caballeros de la paz’ del Esmad, un grupo en la mira de la ONU, la CIDH, Amnistía Internacional … por la represión en las protestas de estos días en Colombia.
¿Informe del Comité de la ONU? Sí, la lista de observaciones que en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aún tiene pendiente cumplir el Estado ecuatoriano. ¿Lista? Sí, por distintas vulneraciones. Al Comité de DD.HH. de la ONU le preocupa lo que ocurre con la violencia contra la mujer, con la equidad de género, con el trabajo infantil, con la situación de los pueblos en aislamiento del Yasuni, con los derechos de los pueblos indígenas, con la independencia judicial, con las juntas de defensa del campesinado, con la libertad de opinión, con la libertad de asociación, con la movilidad humana…
La Corte Constitucional, creada después del referendo del 2018, concretó derechos históricos con el reconocimiento del matrimonio civil para la comunidad Lgbti y con el reconocimiento a las víctimas de violación para que puedan decidir la interrupción de un embarazo no deseado.
¿Aborto? El Comité de la ONU planteó al Estado no judicializarlo en casos de violación; está pendiente descriminalizarlo por incesto y garantizar acceso a salud sexual y anticonceptivos. ¿Derechos Lgbti? El Comité de la ONU planteó eliminar toda discriminación; hay materias pendientes, como investigar y sancionar a ‘clínicas de tratamiento’.
El Comité de la ONU pidió a Ecuador prevenir y castigar la violencia sexual en el ámbito educativo. El Régimen que se va (2017-2021) ofreció una disculpa histórica por la atroz vulneración a una estudiante, Paola Guzmán, víctima de violación del vicerrector, embarazada; se suicidó en 2002. ¿Disculpas? No por Justicia en Ecuador, sino por una madre, Petita Albarracín, que logró sentencia en la Corte Interamericana de DD.HH. En tanto, aún hay menores en indefensión: 10 901 estudiantes víctimas de violencia sexual entre 2017 y octubre del 2020.
El Comité de la ONU pidió a Ecuador eliminar el hacinamiento y poner fin a la violencia en cárceles; febrero del 2021 dejó la mayor matanza histórica: 79 presos en 24 horas. Y el hacinamiento supera el 30%, en depósitos que no rehabilitan.
El Comité de la ONU pidió a Ecuador eliminar el uso excesivo de la fuerza y garantizar que este se investigue y sancione; el paro de octubre 2019 dejó muertes, heridos, retenciones arbitrarias, pérdidas millonarias… una violencia sin Justicia.
¿Octubre? La ONU señaló un “alto costo humano”. La CIDH precisó que el hecho de que “personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve violenta toda la protesta” ni autoriza a la Policía a una “represión directa o detención arbitraria de manifestantes pacíficos”.
¿Alto costo humano? Ecuador tiene hasta el 15 de julio del 2021 para responder al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su lista de pendientes. Señores, la impunidad incondicional no es una carta para Ginebra.
