El Estado ha fallado; perdió el rastro de 17 700 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía y de 5 600 del régimen Costa. Desgarradora deserción educativa en la pandemia del covid-19.
¿El Estado? Sí. “La educación es un derecho de las personas… y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, reza en la Constitución, donde está escrito que ese “Estado” debe garantizar “sin discriminación alguna” el efectivo goce de este derecho.
¿Discriminación? Los estudiantes que han abandonado clases son hijos de madres y padres sin opciones, que han perdido recursos para pagar arriendo, servicios básicos, alimentación…; otros han vuelto a las áreas rurales. Según el INEC, en las zonas urbanas había seis desempleados por cada 100 personas en junio del 2019. Un año después, en medio del covid-19, se registran 17 desempleados por cada 100. ¿Son todos?
La pandemia no solo ha socavado la confianza en los servicios públicos de salud (más de 25 000 muertes inusuales en cinco meses) y de educación frente a la crisis, sino que ha impactado en la erosión de los derechos humanos. La Unesco es puntual: “La pandemia ha causado el trastorno más grave registrado en los sistemas educativos en toda la historia y amenaza con provocar un déficit de aprendizaje que podría afectar a más de una generación de estudiantes”.
Señores, un impacto en distintas generaciones. La Unesco alerta a los Estados y hace recomendaciones. Una es abordar las necesidades de los estudiantes más vulnerables y marginados, para que las presiones económicas y las costumbres relativas al género no impidan su retorno a la escuela. Otra es diseñar sistemas de educación sin barreras de conectividad, con inversión en tecnologías digitales y con flexibilización en los itinerarios de aprendizaje.
¿Cuidar al vulnerable? ¿Invertir? Sí, dar prioridad a la educación como política pública (empezar por revertir el recorte de USD 890 millones el 2020). Señores, es la salida resiliente a la crisis de un país que merece mejor suerte que estar pendiente del escándalo diario en TV.