Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

Odebrecht y una justicia lenta

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Martes 11 de agosto 2020

El 2017 fue un año intenso. El escándalo desatado por el caso Odebrecht estaba en plena ebullición. En abril fue detenido el exministro Alecksey Mosquera. Dos meses después, en junio, cayó el tío de Jorge Glas, Ricardo Rivera.

La situación se complicó para el entonces Vicepresidente de la República, que en octubre de ese año quedó recluido en la Cárcel 4.

Con ello, la autoridad política y jurídica se vanagloriaba por lo que ocurría. Decía que se sienta un precedente, para que nadie más vuelva a topar los fondos públicos.

Pero hoy, los procesados comienzan a dejar la cárcel. Con base en un procedimiento totalmente válido, el exministro se acogió a un beneficio penitenciario.

El tío de Glas también tramita la prelibertad y si cumple con todos los requisitos fijados podrá acogerse a esa figura.

Están en todo el derecho de recurrir a las normativas legales que les favorecen.

Pero ¿qué ha hecho la Fiscalía para aclarar y sancionar otros delitos que rodean la trama de Odebrecht? Al parecer no mucho.

El 13 de diciembre del 2017, una vez que Glas, su tío y otros fueran sentenciados penalmente por asociación ilícita, los jueces pidieron a los investigadores que rastreen siete delitos más que rodean a este caso.

Pero las indagaciones no avanzan. Todo va lento y ese accionar no responde a los desesperados pedidos ciudadanos para que se sancione a los corruptos.

La respuesta de la Fiscalía es que están saturados. Tienen 840 agentes y necesitan 841 más.

A inicios de este año, el Gobierno se presentó en cadena nacional y ofreció todos los recursos para combatir la corrupción, “para que el sistema de investigación cuente con profesionales y herramientas de alto nivel”.

¿Ha entregado esos fondos? Pareciera que no. La Fiscalía cada vez tiene menos dinero.

El 14 de junio, la fiscal Diana Salazar reconoció a EL COMERCIO que el 2020 comenzó con USD 1,8 millones en contra. En el 2014 el presupuesto fue de USD 153,8 millones y para este año se ubicó en UD 138,8 millones.