26 de septiembre de 2019 00:00

En las zonas rurales del país, la violencia se vive en silencio

Paola Minaya dialoga con una usuaria en la sede de Cepam, en el cantón Santa Elena. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO

Paola Minaya dialoga con una usuaria en la sede de Cepam, en el cantón Santa Elena. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO

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Elena Paucar
Redactora (I)
epaucar@elcomercio.com

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Nadie en el pueblo hizo nada. Solo su madre intentó salvarla, pero por poco también pierde la vida. Era una mañana de julio y Amanda (nombre ficticio) había dejado a sus hijas en la escuela. Cuando la joven de 23 años volvió a casa, en un diminuto recinto de Santa Elena, fue asesinada.

“Quedó tendida en el carretero. Ese hombre corrió con el cuchillo y desapareció”, cuenta una vecina de este caserío de no más de 100 almas y donde se apagó la vida de Amanda.

Con ella también se fue su familia. Huyeron de la comuna que los acogió por 10 años. Antes de escapar, el femicida amenazó con volver por ellos y también por las pequeñas.

“Ella vivió un infierno -relata una pariente que viste de luto-. Siempre la golpeó y de nada sirvieron las denuncias. Ahora él anda libre y nosotros tenemos que escondernos”.

Las alertas que dio Amanda quedaron archivadas en la Fiscalía de Santa Elena, donde hasta agosto del 2019 hubo 163 denuncias por violencia intrafamiliar física, psicológica y sexual. El 84% se originó fuera de la capital provincial; el 16% restante corresponde al cantón Santa Elena, que también abarca una extensa zona rural.

El porcentaje nacional es distinto. El 33% de las 125 821 denuncias registradas en la Fiscalía desde el 2017 surgió en cantones con menor peso urbano.

Pero las cifras no reflejan del todo una realidad que para las organizaciones de mujeres está invisibilizada. Incluso el Acuerdo 2030 del Gobierno, para el acceso a la justicia por una vida libre de violencias, reconoce “la insuficiencia o inexistencia de servicios de justicia en zonas rurales”.

Es una violencia que se vive de forma silenciosa”, dice la psicóloga Paola Minaya. “Las mujeres se aíslan por miedo, porque no conocen sitios donde recibir apoyo”, agrega la especialista del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam).

Una acogedora casa de madera, como sacada de un cuento, recibe a quienes han decidido despertar de la pesadilla. Este espacio sereno fue cedido por la Universidad Península de Santa Elena a Cepam, y cada año acoge a 200 nuevas usuarias, muchas de zonas lejanas.

En una sala iluminada, empapelada con frases motivadoras, la psicóloga Minaya les ayuda a superar las heridas marcadas por celos, humillaciones, amenazas, insultos…

La sonrisa de Janeth (nombre protegido) refleja alivio. Atrás quedó esa casa de caña donde su exesposo la relegó para destruir su autoestima; ahora es independiente. “Nunca me golpeó pero sus palabras me hirieron. Después de buscar ayuda empecé a cambiar”.

Cepam también da apoyo legal y social, y cada viernes visita a las usuarias de poblados recónditos. La Fundación María Guare tenía un programa similar en Playas y Daule, en Guayas. Pero hace cinco años cerró por falta de recursos.

Su presidenta, Beatriz Bordes, recuerda que se atendía a mujeres que soportaron tratos crueles, incluso desde el enamoramiento. También detectaron dolorosos casos de incesto, que permanecen ocultos en apartados recintos.

“Si en la ciudad la violencia es elevada, en el campo es mayor. Cómo una mujer golpeada sale a denunciar en la noche si debe tomar una canoa y caminar 3 o 4 kilómetros. Si no la mataron en casa, la matan en el camino”, reclama Bordes.

El 20% de los casos de la Fiscalía 2 de Daule -que el fin de semana cubre seis cantones aledaños- es por violencia intrafamiliar. Para el fiscal César Peña, el machismo y la celopatía originan los hechos violentos. “Hay una idea errónea: el hombre piensa que domina a la mujer. Esto incluso lleva a tentativas de femicidio”.

Según el Ministerio de Gobierno, de enero a julio hubo 32 femicidios en el país. La Alianza Mapeo, que agrupa a varias organizaciones, reportó 62 crímenes hasta inicios de agosto.

Jenny Vera es parte de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas. Defender y conocer a las víctimas de la violencia la motivó a tratar de diluir el machismo en un grupo de agricultores al que asesora.

“Pensamos en una microempresa y qué mejor que las mujeres para manejarla. Así rompimos la dependencia económica, que también es violencia”, dice Vera, que reunió a 80 mujeres emprendedoras.

Mientras los hombres venden en USD 100 un quintal de cacao, ellas ganan USD 450 tras procesarlo. “Hasta compramos nuestras máquinas”, cuenta Cristina, del recinto El Porvenir, en Naranjito. Ella apunta que las agresiones de los hombres han desaparecido.

Amanda trabajaba a escondidas para sustentar a sus hijas, que recién este lunes 23 de septiembre volvieron a una escuela. Ayer, 25 de septiembre tras un tedioso proceso legal, su familia fue a una audiencia. “Nos prometieron que el asesino estaría en la lista de los más buscados. Pero sigue libre y nosotros no podemos tener paz”.

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