Vocales del Consejo de la Judicatura niegan acusaciones sobre presunto tráfico de influencias

La fiscal General, Diana Salazar, tiene previsto procesar a los tres funcionarios públicos por presunto tráfico de influencias. Foto: Fiscalía

El 4 de mayo del 2023, a las 10:00, está convocada la audiencia de formulación de cargos contra el juez provincial de Pichincha, Vladimir J. y de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José M. y Ruth Maribel B. 

En las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, la fiscal general, Diana Salazar, tiene previsto procesar penalmente a estos tres funcionarios públicos por el presunto delito de tráfico de influencias. 

Según Salazar, “existe un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”. Esta indagación nació el 15 de junio del 2022. 

La fiscal Salazar realizó este anuncio de la formulación de cargos el pasado 28 de abril. Ese mismo día, la vocal Maribel B. rechazó las acusaciones de la titular de la Fiscalía.

Maribel B. dijo que jamás ha abusado de su cargo para influenciar sobre terceros en beneficio personal ni de otros. 

Tres días después el segundo vocal investigado se pronunció sobre las acusaciones de Fiscalía. El vocal Juan José M. emitió un comunicado este lunes 1 de mayo del 2023.  

Allí, el funcionario aseguró que, desde el inicio de esta investigación, él ha prestado su colaboración con Fiscalía para que realice su trabajo.  

“En mi calidad de vocal principal del Consejo de la Judicatura he sido respetuoso de la Constitución y de la Ley. Además, he sido responsable y coherente en mis actuaciones con el país y con el órgano de gobierno de la Función Judicial”, indicó Juan José M. 

El funcionario de la Judicatura también señaló que “en el momento procesal oportuno, a través de mi defensa técnica, quedará ratificado mi estado de inocencia”. 

La posición de Fiscalía 

La Fiscalía asegura que tiene un caso de investigación sólido. Según Diana Salazar, la acusación “se sustentará en los elementos de convicción encontrados durante 10 meses de investigación”. 

“La Fiscalía realiza un trabajo técnico jurídico apartado de cualquier contexto político y formula cargos en contra de los responsables para evitar la impunidad”, indicó Salazar.  

Ella añadió que “es fundamental mirar con detenimiento este caso ya que estamos hablando del máximo organismo de control de la Justicia.

Por lo que estoy segura de que sentaremos un precedente para que en el futuro no se vuelva a utilizar a las instituciones del Estado para tomarse el poder”. 

Según la Fiscalía, una de las evidencias es el testimonio anticipado de una jueza “quien acredita los hechos” y relata cómo se habría perpetrado este ilícito. El 17 de marzo del 2023 fue cuando se receptó el testimonio anticipado de esa funcionaria judicial. 

¿Qué es y cómo se sanciona el tráfico de influencias?  

El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece el tráfico de influencias. Este delito se configura cuando funcionarios públicos o personas que actúen en virtud de una potestad estatal aprovechan su cargo, su relación personal o jerarquía para influenciar sobre otra persona.  

Quien influencie a otra persona o servidor público para “obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. Así lo establece la normativa penal. 

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