Un juez de la Corte Nacional fijó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra del juez provincial de Pichincha, Vladimir J. y de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José M. y Ruth Maribel B.
Esta diligencia está convocada para el 4 de mayo del 2023, a las 10:00, en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito
En esa cita judicial, la fiscal general, Diana Salazar, tiene previsto procesar penalmente a los tres funcionarios públicos por el presunto delito de tráfico de influencias.
La acusación de Fiscalía
La fiscal Salazar aseguró que “existe un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”.
Según la titular de la Fiscalía, la acusación “se sustentará en los elementos de convicción encontrados durante 10 meses de investigación”. Esta indagación nació el 15 de junio del 2022.
“La Fiscalía realiza un trabajo técnico jurídico apartado de cualquier contexto político y formula cargos en contra de los responsables para evitar la impunidad”, indicó Salazar.
Ella añadió que “es fundamental mirar con detenimiento este caso ya que estamos hablando del máximo organismo de control de la Justicia. Por lo que estoy segura de que sentaremos un precedente para que en el futuro no se vuelva a utilizar a las instituciones del Estado para tomarse el poder”.
Según la Fiscalía, una de las evidencias es el testimonio anticipado de una jueza “quien acredita los hechos” y relata cómo se habría perpetrado este ilícito. El 17 de marzo del 2023 fue cuando se receptó el testimonio anticipado de esa funcionaria judicial.
Este Diario conoció que esta magistrada fue incluida en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, pues habría sido víctima de amenazas. Incluso, el 17 de marzo pasado, un juez le otorgó medidas de protección.
La reacción de uno de los investigados
Hasta el momento, solo la vocal Ruth Maribel B. se ha pronunciado sobre las acusaciones emitidas por la fiscal Salazar.
A través de un comunicado, que se difundió ayer (sábado 29 de abril del 2023, la funcionaria aseguró que jamás ha abusado de su cargo para influenciar sobre terceros en beneficio personal ni de otros.
También dijo que lo único que ha hecho es “impulsar y promover proyectos técnicos y modernizadores para mejorar el sistema de justicia”.
La vocal Maribel B. pidió que se respete su derecho a la presunción de inocencia. Además, dijo lo siguiente: “Llevaré adelante una defensa técnica jurídica para desvirtuar todas las acusaciones infundadas que buscan afectar mi buen nombre”.
¿Qué es y cómo se sanciona el tráfico de influencias?
El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece el tráfico de influencias. Este delito se configura cuando funcionarios públicos o personas que actúen en virtud de una potestad estatal aprovechan su cargo, su relación personal o jerarquía para influenciar sobre otra persona.
Quien influencie a otra persona o servidor público para “obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. Así lo establece la normativa penal.
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