Tribunal arbitral visitará Ecuador por el caso de la petrolera Burlington
La Procuraduría General del Ecuador informó la mañana de este miércoles 11 de junio del 2014 que los miembros de un tribunal arbitral visitarán el país para verificar los hechos alrededor del litigio entre el Estado ecuatoriano y la petrolera Burlington Resources Inc.
A través de un comunicado, la Procuraduría señaló que el pasado 7 de junio pasado, en París, terminó la audiencia convocada por el Tribunal Arbitral en relación con las contrademandas que el Estado ecuatoriano interpuso en contra de la petrolera estadounidense Burlington Resources Inc, por contaminación ambiental y falta de mantenimiento de la infraestructura en los bloques 7 y 21 que, en consorcio con Perenco, que operó hasta julio del 2009.
“Al final de la cita procesal, el Tribunal integrado por los árbitros Gabriele Kaufman-Kholer (Presidenta), Brigitte Stern y Stephen L. Drymer, anunció a las partes su decisión de visitar Ecuador y verificar in situ los hechos que han motivado las reclamaciones de la República”, dijo la Procuraduría.
El procurador General, Diego García, dijo que la iniciativa del Tribunal responde a la seriedad de los argumentos que sobre el reclamo ambiental ha presentado la defensa de Ecuador, lo que ha generado que tome una decisión sin precedentes en el Arbitraje de Inversiones, lo cual constituye un desarrollo importante para el Sistema al ratificar la necesidad de inmediación de los Tribunales con los conflictos que conocen”.
García añadió que ha manifestado “la predisposición del Estado ecuatoriano para organizar la referida visita en la fecha que determine el Tribunal”.
Al finalizar la audiencia quedó pendiente al Tribunal resolver el pedido de Ecuador de que se reconsidere el laudo de fondo dictado el 14 de diciembre de 2012, y en consecuencia se suspenda la etapa de daños que actualmente se encuentra en proceso.
Estas diligencias procesales se realizan en el marco del arbitraje bajo reglas CIADI iniciado por Burlington en contra del Estado ecuatoriano, por una supuesta violación del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI), suscrito entre Ecuador y Estados Unidos y de los Contratos de Participación de los bloques 7 y 21 que operaba en consorcio con la compañía Perenco.
