Redacción Negocios y , AFP
Las empresas transnacionales farmacéuticas, agrupadas en la Industria Farmacéutica de Investigación (IFI), expresaron su “propósito de aceptar democráticamente” la operatividad del Decreto Presidencial de cambiar unas 200 patentes médicas por licencias obligatorias.
Más sobre la medida
El Estado puede convertir una patente en licencia por razones de interés público, por emergencia y por seguridad nacional.
En la licencia debe constar el período por el que se la concede, la razón, el monto y las condiciones de pago de las regalías.
Las regalías se suelen situar entre un 0,5% y un 10% de las ventas (netas) del medicamento genérico producido con la licencia obligatoria. Las regalías son pagadas por la empresa solicitante.
El presidente Rafael Correa firmó el pasado martes el Decreto 118, mediante el cual las patentes de los medicamentos prioritarios para la salud de los ecuatorianos se liberan para que otras empresas puedan producir los fármacos y, con ello, reducir el precio de venta a los consumidores.
Aunque en un inicio se estableció que 2 214 patentes entrarían bajo el sistema de licencias, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) aclaró que de este total solo 480 están en ejecución en estos momentos. De este valor, únicamente 200 entrarán en el cambio de modalidad.
Las empresas extranjeras (177), que controlan el 82% de un negocio que mueve USD 720,5 millones al año, habían evitado pronunciarse hasta conocer en detalle el mandato, pero ayer, en un comunicado de prensa, expresaron: “Reconocemos el esfuerzo realizado por el Gobierno para normar la aplicación de un mecanismo excepcional, establecido en la legislación ecuatoriana y en acuerdos internacionales”.
No obstante, expresaron su inconformidad con “el criterio de que las patentes sean vistas como un impedimento cuando estas, esencialmente, son una herramienta para lograr el equilibrio entre el interés del innovador y el interés público, proporcionando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan desarrollarse en beneficio de todos, para mejorar la calidad de vida”.
“De igual manera, lamentamos no haber sido convocados a participar de este proceso, en el que estamos directamente involucrados y en el que habríamos aportado positivamente”.
El Gobierno ha defendido la medida asegurando que el precio promedio de un medicamento con competidores es de USD 3,85, frente a USD 46 de uno sin competencia, excluyendo los oncológicos y antirretrovirales.
usd 720,5
millones
mueve anualmente la industria farmacéutica en el país, según datos oficiales.
Andrés Ycaza, titular del IEPI, puso como ejemplo el único caso registrado en Ecuador de cambio de patente por licencia. “Un laboratorio nacional solicitó en 2002 una licencia para un antirretroviral de la británica GSK y que a pesar de que ese permiso no fue emitido, el fabricante redujo el precio de USD 350 a USD 60 para una dosis mensual”.
Los costos elevados, la producción insuficiente y la falta de investigación han contribuido a que millones de habitantes de países en vías de desarrollo no tengan acceso equitativo a medicamentos”, argumentó Ycaza. Y agregó que la emisión de licencias obligatorias “es una solución para que el derecho a la salud del pueblo sea una realidad”.
Además de abaratar los costos, la industria nacional prevé la generación de unos 12 000 empleos para funcionar con toda su capacidad, actualmente en 40%.
Pero expertos en propiedad intelectual advierten que la medida marginará al país de los conocimientos e investigaciones de las multinacionales.
El siguiente paso será derogar las patentes de agroquímicos y de toda clase de conocimiento considero un bien público (software).