La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, se refirió sobre si la sentencia contra Rafael Correa por el caso Sobornos está o no ejecutoriada. Fotos: Archivo/ EL COMERCIO
A través de oficios y correos electrónicos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) intenta esclarecer si la condena de ocho años de cárcel por cohecho que pesa en contra del expresidente Rafael Correa se encuentra ejecutoriada o no.
Correa, con orden de prisión vigente en el Ecuador, ha anunciado que será candidato para la Vicepresidencia en las elecciones del 2021.
Pero para poder participar necesita primero inscribirse y allí es cuando surgen las incógnitas, pues en el país hay una prohibición para que una persona con sentencia ejecutoriada por delitos como peculado, cohechos y otros, sea candidata para elección popular.
El Consejo de la Judicatura, a través de un comunicado del pasado 17 de agosto, indica que la pena en caso Sobornos no se encuentra ejecutoriada.
Sin embargo, para aclarar esta duda también consultó con la Corte Nacional de Justicia, en donde se lleva a cabo el proceso penal.
En un oficio del martes 18 de agosto, la presidenta de la Sala Penal, Daniella Camacho, explica su criterio. Primero señala que Correa, así como otras personas sentenciadas con él, han optado por el recurso de casación.
Asegura que este recurso no es una tercera instancia, sino un “recurso extraordinario que puede plantear el agraviado por una condena que se encuentre ejecutoriada”. También agrega que la apelación “pone fin al juicio”.
Ese mismo día, el Consejo de la Judicatura pide de nuevo a la Corte Nacional que se aclare si el fallo del caso Sobornos está o no ejecutoriada, pues a través del sistema virtual para consulta de causas en línea se han evidenciaron la inclusión de “nuevas actividades procesales que pueden haber cambiado el estado de la causa antes referida”.
La presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, consultó de nuevo con la jueza Camacho y en respuesta emitida la mañana de este miércoles 19 de agosto del 2020 indica que anteayer, a las 15:15, la Secretaría de la Sala Penal sorteó el expediente y se conformó un Tribunal para que conozca el recurso de casación.
“Respecto al requerimiento de que si se encuentra o no ejecutoriada la sentencia de dicha causa debe realizárselo al juez ponente que posee jurisdicción y competencia en la misma”.
El caso Sobornos es una trama de corrupción sobre la entrega de USD 7,1 millones que habrían hecho contratistas estatales al movimiento Alianza País, entre el 2012 y 2016.