Dramática y conmovedora la situación a la que han llevado a sus pueblos los supuestos revolucionarios. No importa la Navidad, el año nuevo, la pandemia ni la emergencia sanitaria. Con una balsa entre manos y lanzados al mar, centenares de venezolanos siguen huyendo despavoridos en busca de sobrevivencia frente al desastre de la revolución bolivariana, que es admirada por exponentes del socialismo del siglo XXI, entre ellos el correísmo, y reconocida por personajes (el prófugo en Bélgica), que hace poco como “observador internacional” destacaba la situación que vive ese país, otrora uno de los más ricos de la región. ¿Eso quieren para Latinoamérica?

El martes pasado la Asamblea aprobó la ley anticorrupción, que tipifica nuevos delitos entre ellos la elusión de procedimientos de contratación pública y sobreprecios. Está por aprobarse la ley que extingue el dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado, localizados en el Ecuador o en el extranjero. Ambas son reacción ante la proliferación de casos de corrupción en la administración pública, y se suma a la presión que viene de afuera. El principal condicionamiento del Fondo Monetario para el desembolso de USD 2 mil millones, es la aprobación de la ley anticorrupción.

Uno de los grandes males del continente es el saqueo a los fondos públicos; gigantes fortunas se amasan por sobornos millonarios.

La lucha contra la corrupción no puede desmayar a pesar de la defensa de ex presidentes de la región a sus protagonistas. Cómo puede erradicarse este mal si con audacia una docena de ex mandatarios pide a la Policía Internacional (Interpol) que no emita difusión roja en contra de su colega ecuatoriano identificado con ellos, que fuera condenado a 8 años por cohecho agravado, acusado por la Fiscalía, con abundantes pruebas, que se basara en la propia incriminación de su secretaria y cercana colaboradora, que se encargó de llevar el registro escrito de los sobornos pagados por compañías constructoras y sus beneficiarios.