Los dos hombres hablan con voz entrecortada; temen por su vida. Ayer, llegaron con dos mochilas y dos carteles a la Cruz del Papa del parque La Carolina, para exigir justicia por la tortura y violencia sexual de la que fueron víctimas por policías y militares en 1993.
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Los dos, habitantes de Sucumbíos, en la frontera amazónica con Colombia, son víctimas del caso 11 del Putumayo, que privó de la libertad a 11 campesinos inculpados, con base en tortura, por el crimen de agentes del Estado en el río Putumayo.
Una patrulla de la Fuerza Pública ecuatoriana fue emboscada en ese torrente, fronterizo con el vecino país, cuando realizaba un control antidrogas. En ese hecho, atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), murieron 11 uniformados, dos desaparecieron y 11 resultaron heridos. Tras esa masacre, 10 colombianos y un ecuatoriano, quienes fueron vinculados con las FARC, fueron inculpados por el ataque y detenidos de forma arbitraria: sin orden judicial.
El caso fue investigado por la Comisión de la Verdad. En su informe, hecho público el 7 de junio del 2010, se indica que el 17 y 18 de diciembre de 1993, la Brigada de Selva 19 y elementos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía efectuaron un operativo de rastreo de guerrilleros, en Montepa, Putumayo.
Durante 8 días, refiere la Comisión, los detenidos habrían sido sometidos a torturas y violaciones, hasta que el 27 de diciembre fueron trasladados al penal García Moreno, en Quito. Entre los detenidos estaba una mujer, apresada en la calle, llevada con los demás, maltratada, dice el informe.
La Comisión recogió los testimonios de los afectados. “Fuimos trasladados, torturados, nos echaron corriente (electricidad). Unas fundas, bolsas nos amarraban en el pescuezo, fuimos arrastrados por un pantanero. Más que todo nos alzaron los brazos con unas varas o palancas con los brazos para atrás”.
En febrero de 1996, los inculpados recobraron la libertad y el Estado reconoció su inocencia. Las secuelas de la privación de su libertad, el maltrato físico y psicológico y la violencia sexual hicieron que los indígenas se movilizaran esta semana a la capital.
Ellos pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado, para que se castigue a los torturadores. Viajaron nueve, pero por falta de recursos solo se quedaron dos para dar seguimiento al caso.
“Temo por mi vida y por la de mi familia”, dijo una de las víctimas, quien solicitó protección al Estado. “Solo puedo trabajar en agricultura, no hay trabajo porque mi récord policial sigue manchado”.
Los dos aseguran que Gonzalo L. se habría quedado con parte del USD 1 millón que recibieron de indemnización; que solo les habría entregado USD 300 000.
Danilo P., quien ha trabajado con Gonzalo L., lo niega. Ayer dijo a EL COMERCIO que, por común acuerdo se decidió crear un fondo, “como una forma de compensación por la asesoría legal y acompañamiento que se les dio” y que se ayudó a las víctimas a comprar casas y terrenos.
Él asegura que dicho fondo se utilizó en un programa de becas estudiantiles y de ayuda para atención en salud a gente sin recursos, incluso en Quito, además de otros proyectos. “Por este fondo y de otros proyectos se acabó con el feriado bancario del 2000”.
En La Carolina, una de las víctimas pide justicia. “No se fijan en el daño, no tenemos con qué mantenernos. Lo más grave es que nuestros torturadores están libres”.
